· Sonia Murillo Manríquez cometió “omisiones y errores” como auditora de la SEP en el sexenio de Narciso Agúndez

La Paz, Baja California Sur.- De acuerdo a fuentes cercanas a Diario El Independiente, la reciente prescripción de los expedientes en contra del exgobernador Narciso Agúndez Montaño, el exsecretario general Alfredo Porras Domínguez y el ex oficial mayor Garibaldo Romero Aguilar en la Contraloría General del Estado (CGE) es la “antesala” para que la actual contralora, Sonia Murillo Manríquez “prescriba todos los asuntos que están en su contra” cuando fungió como auditora del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y como administradora de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Al respecto, la fuente se refirió a sus diferentes “errores y omisiones” durante el sexenio de Narciso Agúndez Montaño como responsable operativa del Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado (Profis) que obran en un oficio -OFSBCS/1010/2009- con fecha 24 de noviembre y firmado por el entonces auditor superior del OFS, Julio César López Márquez, en donde la exhorta a que “en lo subsecuente no se vuelvan a cometer” y “se respete el destino de los recursos” correspondientes al Profis. La entonces auditora omitió presentar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el concepto de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a la segunda quincena del mes de agosto y primera del mes de noviembre del ejercicio fiscal 2008, así como una presunta malversación de recursos etiquetados para capacitación, los cuales derivaron en 2 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Por otra parte, el Semanario Zeta consigna en su reportaje “Funcionarios de Mendoza bajo sospecha”, publicado el martes 22 de septiembre de 2015, días antes de que Sonia Murillo Manríquez fuera nombrada contralora general del Estado, que la emanada de “filas agundistas” apuntaba para ser “tapadera” de probables hechos de corrupción que pudieran registrarse en la continuidad del registro panista proveniente de la administración de Marcos Covarrubias Villaseñor y entregada al actual mandatario Carlos Mendoza Davis. El medio de comunicación asegura que en su calidad de directora de Administración y Finanzas de la SEP “protegió y tapó” la distracción de recursos públicos de los exsecretarios de Educación Pública Omar Castro Cota y Alberto Espinoza Aguilar, "sin actuar legalmente ni deslindar responsabilidades administrativas y penales”, debido a un faltante señalado por la ASF por más de 143 millones 209 mil pesos en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (Faeb) de la entidad, de los cuales “se desconoce su aplicación y destino”. Por otra parte, también se consignan irregularidades por más de 26 millones 32 mil 338 pesos del mencionado fondo “encauzado” para el pago del sueldo de 77 trabajadores que gozaban de una licencia “sin goce de sueldo” al atender “asuntos personales”. Sin embargo la directora no solventó estas observaciones e incluso “solicitó más tiempo” al auditor Jesús Moreno Palafox de la ASF, “tiempo para tapar el faltante, pero en ningún momento deslindó responsabilidades por el evidente desfalco”, dicta el semanario. “Es una resolución en la que no estoy de acuerdo porque es la antesala para que ella prescriba todos los asuntos que están en su contra, porque ella fue la directora administrativa y trae más de cuatrocientos treinta y tres millones bajo su responsabilidad, es juez y parte en el proceso”, aseguró la fuente cercana a este matutino. En el sexenio de Marcos Covarrubias Villaseñor la actual contralora reconoció irregularidades por más de 647 millones de pesos en los años 2011, 2012 y 2013, no obstante dijo a Semanario Zeta que las observaciones realizadas a su investidura “fueron solventadas” en un 80 por ciento, a lo cual dijo que a pesar de que “faltó tiempo para concluirlas” logró avanzar por ser un “compromiso institucional”. La contralora general se comprometió con El Independiente a aclarar la prescripción de responsabilidades administrativas en contra de Agúndez, Porras y Romero, así como este presunto conflicto de intereses, sin embargo hasta la fecha no ha otorgado aclaraciones. Durante la última entrevista realizada a la funcionaria al respecto del documento que deslinda a los exfuncionarios, dijo: “seguramente sí lo firmé, si gusta lo platicamos el lunes porque ahorita estoy ocupada en una reunión”.

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