• El próximo 18 de diciembre será votado en el Congreso del Estado el dictamen que dé inicio al juicio

La Paz, Baja California Sur.- Después de que autoridades del Poder Legislativo local informaran que el próximo 18 de diciembre votarán un dictamen correspondiente al juicio político en contra de exfuncionarios del Ayuntamiento de La Paz, encabezado por Esthela Ponce Beltrán y Francisco Monroy Sánchez, el ahora alcalde Armando Martínez Vega exhortó a los diputados a ver la situación que "los ciudadanos quieren", asegurando que "no se trata de revanchas" sino de ser transparentes con la población. Y es que en sesión privada del día jueves 19 de noviembre de 2015, el Congreso de Baja California Sur aprobó por mayoría de votos y, con la oposición de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), un dictamen con resolutivo para que se inicie el procedimiento de juicio político en contra de Francisco Monroy Sánchez, presidente del XIV Ayuntamiento de La Paz, y Marco Antonio Núñez Sánchez, secretario general; así como contra Francisco Javier Moreno Soria, síndico municipal; y de los regidores Fausto René Álvarez Gámez, Silvia García González, José Guadalupe Iñiguez Cabada, Norma Alicia Castañeda Quintero, Ricardo Fiol Higuera, José Javier Martínez González, José de la Toba Camacho, Alma Melissa Bernal Araiza, Javier González Rubio Cerecer, Saúl Lamas Guzmán y Jesús Francisco Rubio Salgado. Esto, debido a "las conductas denunciadas como meritorias del Juicio Político, las que consisten básicamente en presuntas actuaciones dolosas y en contravención de disposiciones de orden público, así como de reglamentos de carácter municipal con el propósito de emitir las autorizaciones del uso de suelo sobre predios necesarios para el proyecto minero Los Cardones". La Comisión Instructora de Juicio Político podrá iniciar el procedimiento en contra de los exservidores públicos señalados, que pudiera concluir con una resolución que los inhabilitaría para ocupar cargos públicos hasta por 20 años. Por otro lado, el presidente municipal de La Paz recalcó para Diario El Independiente que en su pasado Primer Informe de Gobierno hizo un llamado a las autoridades federales para señalar la existencia de 22 demandas ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de funcionarios municipales que presuntamente incurrieron en hechos ilícitos mediante la administración del recurso de todos los paceños, exhortando de nueva cuenta al Congreso del Estado para que ponga atención en el caso. "Hacemos el llamado a nuestros diputados a que vean la situación que hoy los ciudadanos quieren, lo manifesté en el informe, hay 22 demandas penales que son 813 millones de pesos que están fundamentados, de los 1,400 millones de irregularidades, unos son por falta de un papel, falta de firma, pero ya tenemos 22 denuncias penales ante PGR que son por 813 millones, y los ciudadanos quieren que no se quede así". El presidente paceño explicó que este no es un asunto "de revanchas" o de "meter a la cárcel" a alguien, sino de aclarar el destino de estos recursos públicos que hacen falta en las arcas municipales para el mejoramiento de la atención a la ciudadanía. En este sentido, explicó que el contribuyente municipal quiere saber "qué pasa con sus recursos, con sus impuestos, con lo que entra a la administración", por lo que dijo, llegará hasta las últimas consecuencias en las denuncias penales y el mencionado juicio político. "No es un tema de revancha, de que quiera meter a la cárcel a nadie, a mí que me digan dónde están esos recursos y se acabó. Los ciudadanos quieren saber hoy qué pasa con sus recursos, con sus impuestos. La demandas es contra todos los funcionarios de la administración pasada que tienen que ver con recursos, ya será PGR la que delimite o llame a comparecer a quien sea responsable", finalizó el alcalde para este matutino.

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