• La fracción del PAN asegura que “hubo ilegalidades” en el Cabildo del XIV Ayuntamiento de La Paz pero que según los abogados “no encajan las causales” para juzgar a los ediles que lo conformaron

La Paz, Baja California Sur.- Este lunes 19 de diciembre es el último día para que las comisiones encargadas de dar cauce al juicio político solicitado ante el Congreso del Estado por las autoridades del XV Ayuntamiento de La Paz entreguen su dictamen, mientras tanto ya se ha dado por finalizado el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año en el recinto, por lo que existe el riesgo de que la falta de acuerdos y coordinación entre los propios legisladores termine por sepultar el proceso. Así lo reconoció la líder de los diputados de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Saldaña Cisneros, quien dijo desconocer si se llamará a alguna sesión extraordinaria para dar trámite a este proceso en contra del entonces síndico municipal, el secretario general y los regidores del XIV Ayuntamiento de La Paz, quienes habrían actuado “ilegalmente” y “en contra de sus reglamentos” para conceder trámites de cambio de uso de suelo para el proyecto Los Cardones, en la Sierra de la Laguna. “Yo creo que hay responsabilidad. A lo mejor legalmente y de acuerdo a lo que los abogados opinan, tal vez, en el tema juicio político las causales no encajan directamente, pero de que hay responsabilidad la hay porque se dieron actos ilegales que atentan contra el bienestar ciudadano, porque se dieron procedimientos no dentro de la normatividad, porque se dieron procedimientos sucios, en lo oscurito, por abajo, queriendo concretar un tema”, dijo la diputada. Es por ello que si bien los regidores han declarado que este proceso no es viable, debido a que las presuntas irregularidades no se concretaron en la emisión de dicho permiso, la diputada Saldaña dijo que “ahí estuvo la intención” de incurrir en ilegalidad, por lo que si bien “no encajan las causales” para emitir declaratoria de juicio político, “posiblemente” fructifiquen los procesos administrativos, las denuncias penales y lo que resulte ante la Procuraduría General de la República (PGR). Finalmente, la diputada negó una cuestionada falta de interés para emitir un resolutivo en contra de los exfuncionarios. En este sentido dijo que las comisiones correspondientes deberán dar seguimiento a dicho tema, a pesar de que los tiempos estén agotados. Además anotó que este asunto fue “un tema platicado y de interés”, pero reconoció “divergencias” en la correspondencia de los delitos y el trámite institucional “adecuado”, lo que frenó cualquier resultado. Por su parte, el diputado Camilo Torres Mejía, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), aseguró que los legisladores de la XIV Legislatura no han “sabido” cómo resolver dicho juicio político, lo que es producto de la falta de competencia de las comisiones correspondientes, así como de los asesores jurídicos en la materia. Además, reconoció que este proceso se rige bajo una ley obsoleta, lo que podría ocasionar que el juicio finalmente “no proceda”.

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