Mediante un juicio de amparo se resolvió que la convocatoria en que se beneficiaron el cuñado del exgobernador y el exprocurador estuvo “viciada” y debe volver a realizarse

La Paz, Baja California Sur.- Mediante un amparo el juez tercero de distrito en la media península, Pedro Enrique López Rosas, resolvió dejar “sin efectos” el otorgamiento de patentes de notario público titular a quienes resultaron beneficiados en las convocatorias emitidas el 10 de agosto y el 7 de septiembre de 2015 por el entonces gobernador de la entidad, Marcos Covarrubias Villaseñor, debido a diferentes inconsistencias y “vicios” en el proceso de selección donde se vieron beneficiados el cuñado del exmandatario y un exprocurador de justicia estatal. Esto debido a que ambas convocatorias fueron abiertas y cerradas el mismo día, y entregaron las patentes para conformar las Notarías 29, 30, 31, 32, 33 y 34 correspondientes a los aspirantes Gonzalo Hernández Lezama, hermano de María Helena Hernández Lezama, esposa de Marcos Covarrubias, y a Francisco José López Valderrain; en esta ciudad capital, en San José del Cabo a Erich Puis Kaufmann Cervantes; en Cabo San Lucas a Gamil Abelardo Arreola Leal, exprocurador de la entidad; en Ciudad Constitución a Lourdes Susana Gallo Rodríguez; y en Santa Rosalía a Manuel Rodríguez Osuna, respectivamente. En el documento del juicio de amparo 845/2015 el juez reconoció que ni la Ley del Notariado del Estado de Baja California Sur ni el reglamento del Registro Único de Aspirantes al Ejercicio del Notariado y del Ingreso a la Función Notarial establecen un periodo de tiempo de antelación a la presentación de los exámenes de conocimientos y psicométrico requeridos en la convocatoria, sin embargo plasmó como “ilógico” que ésta se publique el mismo día en que se deban entregar los documentos y requisitos. Por otra parte, en la declaratoria se constató que el día de la publicación de las convocatorias se valoró la entrega de documentos y además se llevaron a cabo los “exámenes de conocimientos y psicométricos”, sin embargo las autoridades a cargo del proceso, secretario general y subsecretario de la Consejería Jurídica, informaron al juez que los aspirantes cumplieron con la aplicación de los exámenes “en un lapso aproximado de una hora, con algunos minutos, lo que resulta ilógico, tomando en consideración la naturaleza de los exámenes”. Finalmente, se determinó que no existe registro de que algún aspirante haya realizado efectivamente un examen psicométrico, debido a que no hay una constancia suscrita por algún psicólogo o especialista que detalle las pruebas realizadas, cómo se calificaron y el resultado de las mismas, sin embargo la autoridad se permitió enviar copia certificada de las constancias en donde se precisaba la calificación de los individuos como “aptos” para dicho nombramiento. Estas condiciones “viciadas” permitieron inferir al juez que los procedimientos para entregar las mencionadas Notarías no fueron elaborados con la debida oportunidad, a efecto de generar igualdad para que toda persona interesada en participar, e inscrita en el Registro Único de Aspirantes al Ejercicio del Notariado, pudiera cumplir con los requisitos que marca el artículo 12 de la mencionada legislación y participar del proceso. Es por ello que el ahora gobernador de la entidad, Carlos Mendoza Davis, deberá dejar sin efectos los nombramientos de las mencionadas patentes y deberá emitir una nueva convocatoria “motivada y fundada” a través del Boletín Oficial del gobierno estatal y diarios de mayor circulación a nivel estatal, en la que se otorguen por lo menos 10 días para la entrega de requisitos, con el debido registro y acreditación de las evaluaciones a realizar, incluyendo los exámenes psicométricos certificados por un especialista. “En relación con los exámenes psicométricos, deberá exhibir la constancia suscrita por profesionista en materia de psicología, en la que se precise en qué consistió la batería de pruebas aplicadas a los aspirantes, la forma en que se valoraron las mismas y la conclusión a la que se arribe luego de su valoración, es decir, si los aspirantes son aptos o no para acceder al cargo de notario público”, finaliza el documento en poder de esta redacción.

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