• Asimismo, Alfredo Porras Domínguez y Garibaldo Romero fueron exonerados de cualquier cargo o responsabilidad administrativa por “prescribir” su caso

La Paz, Baja California Sur.- De acuerdo a documentos sellados y firmados por la contralora Sonia Murillo Manríquez, han prescrito los cargos de peculado configurados por la Contraloría General del Estado (CGE) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en 2012 en contra del exgobernador Narciso Agúndez Montaño, su exsecretario general Alfredo Porras Domínguez, así como el exoficial mayor Garibaldo Romero Aguilar. En exclusiva para Diario El Independiente, Alfredo Porras Domínguez dijo que los cargos de peculado sobre recursos por el orden de 27 millones 973 mil 800 pesos en el ejercicio de sus funciones en el gobierno estatal fueron “inventados” por el entonces procurador de justicia de la entidad Gamill Arreola Leal, en “complicidad” con la entonces titular de la CGE y ahora diputada local Maritza Muñoz Vargas. El exsecretario general explicó que después de haber sido aprehendidos y posteriormente liberados gracias a un amparo concedido por un juez federal, ahora prescribe también cualquier responsabilidad administrativa que argumentara la propia CGE. Además, dijo que con este resolutivo podrán interponer denuncias en contra de los responsables de “inventar” los cargos que los llevaron a prisión. “En el área administrativa luchamos contra la Contraloría y no soltaban y no decían y no decían, hasta que se les fueron los tiempos y se les fueron y no les quedó de otra que decir que prescribió el delito por el que nos consignaron sin responsabilidad. Jamás existió el delito, como lo dijo la justicia federal, tan no existió que la contraloría ya los desechó”, dijo el exfuncionario y ahora dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT). Finalmente, dijo que interpondrá demandas en contra de Maritza Muñoz Vargas y Gamill Arreola Leal, quienes deben ya que deben “estar en la cárcel”, dijo, ya que de acuerdo a su interpretación del artículo 113 constitucional los funcionarios públicos deberán “restituir” los daños o perjuicios causados, o en su caso indemnizar a quienes ocasionen un daño mediante actos u omisiones que incurran, por un monto hasta 3 veces superior al perjuicio patrimonial causado. “Han inventado los cargos, por lo que tendrán que indemnizar y restituir los daños que ocasionaron tres veces el monto por el que nos acusaron. La ley es muy lenta, a nosotros nos inculparon y entramos a prisión el 24 de mayo del 2012, la prescripción de este delito fue en el mes de diciembre de 2016, pero claro que vamos a proceder. A todos se les llega su Navidad”, dijo Porras Domínguez para este matutino. “Gamill y Maritza instrumentaron y formularon denuncias ilegales, por lo que recibieron un premio por haber hecho caso al entonces gobernador [Marcos Covarrubias], a ella la hace diputada y a Gamill como premio lo hace notario, la verdad la PGJE y Contraloría hicieron el trabajo sucio y por supuesto que ni uno merece ser notario ni la otra diputada, merecen estar en la cárcel los dos”, finalizó Porras para este matutino.

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