• La mayoría en materia penal, según dio a conocer el titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Rodrigo Serrano Castro

La Paz, Baja California Sur.- El titular de la Consejería Jurídica del Gobierno de Baja California Sur (BCS), Rodrigo Serrano Castro, reveló que la dependencia cerrará el año atendiendo más de 4,000 casos por parte de su defensoría pública de oficio, así como cerca de 500 juicios de amparo. Serrano Castro detalló que la mayoría de los casos atendidos fueron en materia penal, ofreciendo asesoría jurídica a la víctima y revisión de carpetas de investigación para asesorar a imputados. “Estas personas”, dijo el abogado, “no tuvieron la necesidad de recurrir a un abogado de forma particular, de tal manera que representa un ahorro importante para el ciudadano”. En el caso de juicios de amparo, aclaró que hasta en el 40% de los casos el Gobierno del Estado participa como tercero interesado, casi siempre en juicios de carácter agrario, donde se logra la mayor parte de las veces “la conciliación, la mediación”, afirmó. Pero la Consejería Jurídica también se dedica a ofrecer asesoría a las propias dependencias estatales, así como supervisión del ejercicio de la función notarial y contar con un área contenciosa, la cual se dedica en gran medida, dejó ver, a asuntos laborales. En este tenor, el funcionario recordó que la dependencia a su cargo acompañó al Gobierno del Estado durante el presente año para la creación de leyes en materia económica, social y de justicia, tales como la Ley de Fomento Económico del Estado de Baja California Sur, la Ley de Asociaciones Público-Privadas, la Ley de Desarrollo Social, la Ley de Asociaciones de Asistencia Social, el Consejo de la Judicatura y la Ley de Mecanismos Alternativos en Solución de Controversias, mismas que causarán impacto en la sociedad, calculó, a partir del 2017. Finalmente, el consejero jurídico de la administración del gobernador Carlos Mendoza Davis adelantó que durante el próximo año la Consejería Jurídica participará, junto a la Contraloría General del Estado (CGE) y el Gobierno del Estado, en la propuesta de reforma constitucional para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, “un sistema de vigilancia de los servidores públicos mucho más rígido, mucho más estricto en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas”.

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