• SEP y Secretaría de Finanzas prefirieron no contestar al juez sobre este asunto en particular

La Paz, Baja California Sur.- El pasado martes, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México sentenció una suspensión definitiva al presunto cierre de la Casa del Estudiante Sudcaliforniano en la capital del país; esto, después de que sus 59 habitantes promovieran el juicio de amparo número 1594/2016 y obtuvieran una suspensión provisional el pasado 30 de septiembre, a reserva de lo que informaran las autoridades respecto a este tema. El documento deja ver que el Gobernador del Estado, el Secretario General de Gobierno, así como la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte (Sepuit), declararon por escrito que los actos aludidos por los estudiantes “no son ciertos”, es decir: la orden verbal para el desalojo de la Casa del Estudiante, el cese de su financiamiento, así como el cambio de adscripción a los trabajadores que laboran en dicha institución en labores de limpieza y cocina. Sin embargo, se abstuvieron de informar al juez tanto la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Educación Pública, por lo mismo se les toma por ciertos los hechos ya mencionados en la demanda, por lo que el mencionado magistrado procedió a dictar la primera sentencia en dicho juicio, ahora de manera definitiva, lo que impedirá a las autoridades que las acciones sean llevadas a cabo, a fin de mantener “las cosas en el estado que guardan”. Lo anterior basado en que la suspensión definitiva es el alto total a los actos que los promoventes reclaman en el mencionado amparo, durante todo lo que dure el juicio. Es decir, las autoridades de Baja California Sur, deben obedecer la determinación del Juez Federal, cumpliendo los tres puntos con antelación, de lo contrario, estarán incurriendo en el delito de Abuso de Autoridad, establecido en el Código Penal Federal. La Asociación de Estudiantes Sudcalifornianos en México (ASEM), emitió un comunicado en el que asegura que las autoridades que negaron el acto “se obligan a no consumarlo” al verterlo de esa manera en su declaración; sin embargo, esto no impide que la autoridad lleve a cabo el despliegue de todos los actos administrativos necesarios para rehabilitar el inmueble o para regular y hacer cumplir determinaciones referentes al régimen de disciplina y orden en la casa estudiantil.

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