CIUDAD DE MÉXICO. La corrupción registrada el año pasado en México representa en dinero 3.8 veces el ajuste al gasto público propuesto para 2017, reveló la investigadora María Amparo Casar. En la presentaci
La corrupción registrada el año pasado en México representa en dinero 3.8 veces el ajuste al gasto público propuesto para 2017, reveló la investigadora María Amparo Casar.
En la presentación del estudio México: Anatomía de la Corrupción, segunda edición, corregida y aumentada, Casar detalló que en 2015 registraron cuatro millones 925 mil 592 actos de corrupción, por un valor total de 906 mil millones de pesos. El pasado 9 de septiembre, este diario informó que el gobierno propuso al Congreso un recorte por 239 mil 700 millones de pesos. En materia de percepción de la corrupción, México ocupa el último lugar de 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A escala global nuestro país está en el sitio 95 de 168 naciones, de acuerdo con el estudio en el que también participó la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de Claudio X. González. Casar agregó que la impunidad es una de las causas del alza de la corrupción en México. México, con 4.9 millones de actos de corrupción“Voy a tomar la media, el 5% que nos costará del PIB, serían 906 mil millones de pesos. ¿A qué equivale esto para darle una dimensión? Es 3.8 veces el recorte que nos va a recetar el gobierno federal este año (239 mil 700 millones de pesos)”, explicó Casar.En el estudio se establece que la corrupción involucra al sector privado y a la sociedad, y no solamente al sector público, mientras que una de las causas del incremento de casos es la impunidad.
“También en el sector privado tenemos, y ahí se desdobla en dos tipos de corrupción, al interior de las empresas y donde no está involucrado ningún tipo de funcionario público, que tiene que ver con la colusión; piensen en las tiendas departamentales, en las aerolíneas; donde hay colusión para repartirse asignación de mercado, o rutas, o territorios en donde solamente una empresa puede competir, y todo esto a costa del consumidor, esto es un beneficio indebido”, explicó.Según lo expuesto en Anatomía de la Corrupción, en México 36.8% de la población cree que quien más viola la ley son los políticos, seguido de “todos” con un 18%, los policías con 15.1%, los funcionarios con 14%, los ciudadanos con 7.8% y los abogados con 4.7 por ciento. Casar comentó que Arely Gómez, exprocuradora general de la República, tendrá un reto importante dentro de la Secretaría de la Función Pública, uno de los siete pilares del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). “Llega con pocas armas, todavía no entra plenamente el SNA, creo que la posibilidad que tenga la exprocuradora general de la República de avanzar en esto será apoyándose en las otras instituciones que conforman el Sistema.
“Si no se apoya en el Tribunal Administrativo, en la Fiscalía Anticorrupción y en los ciudadanos para modernizar, de todas estas instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción la más atrasada incluso tecnológicamente es la Secretaría de la Función Pública”, comentó Casar.
“La propuesta que estamos haciendo a la Comisión de Presupuesto es para que pudiera crearse ese fondo, por primera vez, con una asignación de mil 400 millones de pesos que se aplicarían precisamente para que los institutos garantes pudieran cumplir con la obligación que la nueva legislación les atañe. Es lo que hemos hecho en abono al fortalecimiento de ambos sistemas”, puntualizó.Noble Monterrubio afirmó que se requiere dar mayor solidez a este régimen de transparencia y anticorrupción. Por ello, calificó como justo el planteamiento presupuestal, ya que permitirá echar a andar parte del Sistema Nacional Anticorrupción. La diputada priista Claudia Anaya expuso que aun reconociendo el escaso margen de manejo del Presupuesto de Egresos 2017, con el agregado por 51 mil millones de pesos con que fue aprobada la Ley de Ingresos en San Lázaro y también en comisiones del Senado, por el momento existe la posibilidad de contar con la disponibilidad de los recursos que se están planteando. Así, dijo, se promueve mayor certeza al tema de transparencia y anticorrupción en el manejo del gasto público.