• Señalan directamente a diversos magistrados por agilizar casos solo “si uno paga dinero”...

La Paz, Baja California Sur.- Este jueves, diversos familiares de personas que se encuentran inculpadas y apresadas por diversos delitos, sin sentencia alguna, se hicieron presentes en el Congreso del Estado para exigir la intervención de los diputado para combatir la corrupción, que aseguran, impera en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE). Los inconformes provenientes de Comondú prefirieron omitir su identidad por motivos de seguridad personal; sin embargo, acudieron al recinto con seis carpetas, en las que, en todos los casos, se acusa directamente al juez Alfonso Ismael Ortega Lizardi, del Juzgado Primero de Distrito, y al magistrado presidente del TSJE, Daniel Gallo Rodríguez, de impedir la liberación de los detenidos, a pesar de no existir pruebas en su contra, aseguraron. Este es el caso de Marco Antonio Villicaña y su compañero de trabajo, Erib Meza Murillo, quienes fueron detenidos tras ser acusados de despojo “de su propio predio”, por ciudadanos norteamericanos; sin embargo, sus familias refieren que los tribunales han excedido los tiempos legales para dar una sentencia, mientras los acusados continúan en prisión. En este caso específico, la familia asegura tener en su poder un peritaje y escrituras que demuestran lo anterior. Por otra parte, quien se identificó como “Blanca”, asegura haber invertido cinco años de su vida, dinero y esfuerzo en un juicio testamentario para anular un matrimonio, mismo que su propio esposo llevara a cabo con otra mujer sin haberse divorciado; ante esta situación, el juez antes referido, Ismael Ortega Lizardi, le ha espetado que dicho caso “está muerto” y ya nada puede hacerse para que los hijos del hoy occiso puedan tener derecho a heredar bienes que ahora están en posesión de los vástagos de su segunda esposa. “Es un grado de corrupción entre el juez y el licenciado Gallo, que únicamente si uno paga dinero pasan los juicios, si no hay dinero nos quedamos al último”, repitió Blanca, solicitando ayuda al diputado “que nos quiera oir”. No obstante, esta protesta pasó totalmente desapercibida por los legisladores. Por último, la esposa de José Guillermo Arípez Geraldo, detenido por acusaciones de robo con violencia y privación ilegal de la libertad “sin pruebas, sin testigos, ni nada”, desde hace ocho meses, también se hizo presente en el Congreso, en donde exigió “justicia”. “Lo único que venimos a pedir es justicia, no pedimos más que justicia, que si tienen algo en contra de ellos, ya sea pruebas o testigos, pero que sean reales, si se comprueba, que los dejen adentro, pero si no que los saquen, o que los sentencien, pero en tiempo y forma”.

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