La Paz, baja California Sur.- La Procuraduría General de Justicia del Estado informa que este martes 13 del presente, se celebró en el Centro de Justicia Penal de esta capital, la audiencia de Imputación y Vinculación a Proceso, bajo las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la que el agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos con Motivo Hechos de Tránsito y su Judicialización, aportó datos de pruebas que permitió al Juez de Control dictar Auto de Vinculación a Proceso y decretar medida cautelar que obligan a presentarse periódicamente ante el juez y la prohibición de salir del estado, en contra de una persona del sexo femenino a quien se relacionó como imputada en una carpeta de investigación, por un hecho que la Ley señala como delito de Homicidio Culposo con motivo de Tránsito Vehicular. El 06 de agosto del año en curso, aproximadamente a las 19:00 Hrs. en las inmediaciones de la colonia Los Olivos, de esta cabecera municipal, la imputada, quien conducía bajo el influjo de estupefacientes, atropelló a una persona del sexo masculino, quien perdió la vida, por lo que se inició la carpeta de investigación correspondiente, Unidad Especializada en Investigación de Delitos con Motivo Hechos de Tránsito y su Judicialización, realizó las indagatorias y obtuvo datos de prueba que sirvieron al Ministerio Público para solicitar la audiencia inicial, en la que se vinculó a proceso a la imputada, se ratificaron las medidas cautelares y se proporcionó tres meses para el cierre de la investigación. El Proceso se desarrolla bajo el Sistema Procesal Penal Acusatorio y por el tipo de delito, la imputada quedó vinculada a proceso con derecho a trámite del asunto en libertad, por estar contemplado como no grave en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Con acciones como ésta, la Procuraduría General de Justicia del Estado realiza investigaciones profesionales, científicas y jurídicas, para atender el mandato de Ley y la instrucción del Titular del Ejecutivo de Baja California Sur, de realizar acciones que den certeza al estado de derecho y, en los hechos, poner a las personas que trasgredan el orden jurídico a disposición de la autoridad correspondiente, con respeto a sus derechos humanos.

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