• Por ser de su competencia, deja ante el Agente del Ministerio Público Federal a las personas aseguradas

Los Cabos, Baja California Sur.- La Procuraduría General de Justicia del Estado informa que agentes de investigación de la Policía Ministerial comisionados en San José del Cabo, dejaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal, a tres personas del sexo masculino, de 24, 27 y 27 y años, respectivamente, originarios del estado de Sinaloa; a quienes se detuvo la mañana del domingo 25 del presente, en tanto se cumplimentó orden de cateo que autorizó el Juez de Control del Juzgado del Sistema Penal Acusatorio del Partido Judicial de Los Cabos, con residencia en San José del Cabo. Lo anterior, derivado del perfeccionamiento de la Carpeta de Investigación que el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Homicidio Doloso y su Judicialización, aperturó con motivo de los hechos que se registraron la tarde del 21 del mes y año en curso, en el poblado de la Candelaria, municipio de Los Cabos, en que dos personas del sexo masculino resultaron lesionadas por proyectil de arma de fuego, como lo informamos a través del reporte especial 392. Con los datos de prueba que obtuvo a través de la investigación, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de la autoridad judicial la orden de cateo mediante la cual, con el apoyo de efectivos de las fuerzas armadas, aseguró en un domicilio que se ubica en la colonia El Zacatal, en esa cabecera municipal, a las personas descritas, así como, dos armas cortas de fuego y dos vehículos, el primero marca Nissan Sentra color gris con engomado de ONAPAFA y un Dodge Atitud, blanco, originalmente guinda. Por lo que, con esta misma fecha y por resultar de su competencia, la Procuraduría General de Justicia del Estado dejó ante la autoridad federal la Carpeta de Investigación. Con acciones como ésta, la Procuraduría General de Justicia del Estado atiende el mandato de Ley de realizar investigaciones profesionales, científicas y jurídicas y la instrucción del Titular del Ejecutivo de Baja California Sur, de realizar acciones en coordinación con instituciones de los tres órdenes de gobierno, que den certeza al estado de derecho y, en los hechos, poner a las personas que trasgredan el orden jurídico a disposición de la autoridad correspondiente, con respeto a sus derechos humanos.

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