• El Frente Cívico Social asegura que aún pueden detener el proyecto por medio de acciones jurídicas

Cabo San Lucas, Baja California Sur.- El grupo ciudadano Frente Cívico Social ofreció una rueda de prensa para dar a conocer el estatus sobre el amparo que interpusieron en contra del proyecto Zona Dorada. Iván Antonio Castro Beltrán, asesor jurídico del Frente Cívico Social recordó el contexto sobre el caso, el cual de acuerdo a los opositores además de desviar la carretera pretende privatizar el acceso a las playas. “Recordemos que un grupo de desarrolladores hace una petición al municipio de Los Cabos para tener un desarrollo dentro del tramo carretero de CSL a SJC, un área específica con toda la clara intención de privatizar. En ese sentido el municipio se desenvuelve muy sumiso a las pretensiones de estos desarrolladores, 5 empresas de manera específica y determinan emitir un acuerdo donde dan el visto bueno para la construcción del nuevo tramo carretero”. El abogado explicó que el Frente Cívico Social impugnó ese acuerdo del ayuntamiento, mediante el juicio de amparo 35-2015 ante el juez Primero de Distrito, donde le hicieron ver al juez que la autoridad municipal no justificó su competencia para poder emitir una anuencia, porque el artículo de la Ley Orgánica Municipal que contempla las atribuciones del ayuntamiento son solo 6 fracciones y en esas 6 fracciones en ninguna dice que el municipio tiene atribución para dar anuencia o visto bueno para el proyecto, es decir que el municipio y el cabildo puede autorizar o emitir ciertos planteamientos pero no tiene una atribución específica sobre temas como el de la carretera. “Se da el desarrollo e involucramos a la SCT para informarle que no estamos de acuerdo en cómo se dio el proceso de anuencia, primero porque consideramos que no hay una competencia específica, en segunda porque consideramos que la autoridad municipal no realizó una consulta pública, esa situación violenta un estado democrático y libre, también argumentamos que se puede violar el derecho a un medio ambiente adecuado y además los accesos libres a las playas”. Posterior a estos planteamientos por parte del Frente Cívico Social ante la autoridad se dan las etapas del juicio de amparo y el juez federal determina emitir una resolución sobreseyendo el juicio de amparo, es decir no emitió una resolución negando el amparo, ni concediéndolo, lo que quiere decir que el juez no estudió el fondo del planteamiento, explicó el Lic. Castro Beltrán. “El juez lo que dice es que a las condiciones actuales en que nos encontramos no se ha materializado esa anuencia o visto bueno, porque no hay evidencias de que se haya liberado una serie de permisos ,ni que la SCT haya dado la aprobación, ni que la SEMARNAT haya realizado lo propio”. El abogado agregó que todo esto abre una ventana de que el derecho ciudadano funciona, tanto que se admitió la demanda y se llevó un proceso, segundo brinda la oportunidad a la autoridad municipal de enmendar el “error” –como lo llama el Frente Cívico- que cometieron al someterse a los desarrolladores- “Conforme al artículo 47 de la ley orgánica del gobierno municipal pueden ejecutar algo que se llama la revocación del acuerdo, es decir siguiendo los mismos pasos que realizaron para aprobar y dar esa anuencia al trazo carretero realizar lo mismo pero para revocarlo, porque no se sostiene en el tema”. El Frente Cívico Social aseguró que el tema del tramo carretero aún no está cerrado, ya que existen aún muchas opciones jurídicas para impedir que se dé, además jurídicamente él ayuntamiento no puede sostener el esquema legal en el que se dio la aprobación, por lo tanto el municipio y sobre todo los desarrolladores tienen todos los elementos en contra para la construcción del proyecto Zona Dorada. “Podemos impugnar la emisión de licencia, podemos impugnar la aplicación de la construcción, podemos aplicar la terminación, el desvió de la carretera, el incremento del traslado y una serie de elementos que la ciudadanía del municipio de Los Cabos puede hacer. Entonces consideramos que el costo beneficio no le conviene al municipio seguir sosteniendo este tema porque jurídicamente no van a tener elementos para hacerlo”.

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