Los Cabos, BCS.- La Procuraduría General de Justicia del Estado informa que el día viernes 19 del presente se celebró, en el Centro de Justicia Penal de San José del Cabo, la audiencia Inicial con detenido, bajo las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la que agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Robo y su Judicialización, aportó datos de pruebas que permitieron al Juez de Control dictar Auto de Vinculación a Proceso y decretar medidas cautelares en contra de José “N” , de 31 años , originario de Chiapas , por un hecho que la ley señala como delito ultrajes a la autoridad. Los hechos tuvieron lugar el 17 de agosto del mes y año en curso, en un estacionamiento de la playa ocho cascadas de Cabo San Lucas, por lo que se inició la carpeta de investigación en la Unidad de referencia y al efecto, se realizaron las indagatorias y se obtuvieron datos de prueba que sirvieron para que el agente del Ministerio Público solicitara, en su momento, la audiencia de formulación de imputación y, a la postre, la de Vinculación a Proceso. En dicha audiencia, el Juez ratifico de legal la detención, vinculó a proceso al imputado, determinó las medidas cautelares consistentes en: prisión preventiva oficiosa y plazo de investigación complementaria de un mes. Cabe destacar que el ahora procesado fue detenido después de una persecución, por elementos de la Policía Municipal de Los Cabos, en contra de quienes atentó faltándoles a la autoridad que representan y si bien no se trata de un delito de prisión preventiva oficiosa por lo que será procesado, y el Juez de Control atendió la petición del Ministerio Público de así otorgarla, por tratarse de un sujeto reincidente en hechos probablemente delictivos, con tendencia a causar molestias a las víctimas, lo que no puede soslayar la autoridad judicial y al efecto el Nuevo Sistema de Justicia Penal así lo establece. La Procuraduría General de Justicia del Estado realiza investigaciones profesionales, científicas y jurídicas, para atender el mandato de Ley y la instrucción del Titular del Ejecutivo de Baja California Sur, de realizar acciones que den certeza al estado de derecho y, en los hechos, poner a las personas que trasgredan el orden jurídico a disposición de la autoridad correspondiente, con respeto a sus derechos humanos.

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