La Paz, Baja California Sur.-La violencia urbana, las ejecuciones, las balaceras, los levantones, son ejercicios de criminalidad que reflejan el amplio margen de incapacidad e ineptitud de las fuerzas de la seguridad públicas encargadas de la prevención, disuasión, contención, investigación, persecución y sanción de los delitos. La confianza de la ciudadanía en las corporaciones de seguridad se merma cada día más, difícilmente los paceños creen que podrían encontrar justicia o un mensaje de paz y tranquilidad por parte de las instituciones. Es en este contexto, que el representante del Consejo de Atención a Víctimas del Delito, Arturo Rubio Ruiz dio su opinión sobre la ola de violencia que azota al municipio de La Paz, problemática que ha desatado el pánico y la incertidumbre entre los habitantes. “Tras el frustrado intento de crear el llamado “mando único”, las fuerzas del orden público tendrán que reajustar sus parámetros de acción, y tendrán que abandonar la inercia que actualmente ha propiciado la escalada delincuencial en el Estado”, comentó. “Tenemos corporaciones del orden municipal, estatal y federal, fuerzas civiles y militares, todas con mando propio y recursos específicos, cuya misión y visión comparten un fin común: la paz y la seguridad de los habitantes del Estado. Donde existe la fractura es en el manejo de la información y en la coordinación de esfuerzos y aplicación de operaciones conjuntas. Cada corporación cuenta con servicios de inteligencia, pero la información no se cruza, se reserva, y la operación se limita porque no existe un plan rector ni un esquema eficaz de operación”, expuso. “Toda esa falta de coordinación operativa, aunada a la infiltración de las organizaciones criminales en mandos medios y superiores dentro de las corporaciones policiales, general en panorama que hoy enfrentamos”, argumentó. Desde su punto de vista, el abogado considera que en materia de prevención del delito, las corporaciones municipales carecen de capacitación, experiencia, equipamiento y distribución eficaz de los recursos. Asimismo, enfatizó que con el nuevo sistema de justicia, la figura de “primer respondiente” exige a la policía municipal una enorme carga de trabajo, que no es compensada salarialmente. “Los agentes de la policía municipal no saben ni quieren ser primeros respondientes. El resultado es un abandono manifiesto al ejercicio de reacción inmediata que exigen los delitos de alto impacto que hoy asolan la entidad”, señaló. “La policía estatal está enfrascada en una lucha que tiene muchos tientes de simulación, contra el narcomenudeo. Se dedican preponderantemente a detener pequeños distribuidores, sin escalar en la expectativa de investigación y captura, a la localización y detención de los grandes distribuidores”. “Esta labor de simulación que solo busca llenar estadísticas, se realiza de la mano del personal policial de la PGR, que son expertos en llevar ante al juez de control, a pequeños vendedores de droga que más tardan en ser presentados que liberados” “Contra las organizaciones criminales que operan en el Estado y que se pelean la plaza por el alto consumo que representa y por lo fácil que resulta corromper y controlar a las fuerzas policiales, no existe un programa efectivo de persecución y combate. De hecho, para la PGR, los 300 ejecutados en los últimos 4 años que aparecen en los registros oficiales, no reflejan una actividad del crimen organizado que merezca su intervención persecutora”, compartió. En cuanto a las fuerzas militares, Rubio Ruiz asegura que cuentan con excelentes servicios de inteligencia y recursos materiales y humanos, sin embargo, enfrentan una limitante competencial constitucional y convencional que no les permite desplegar todo su potencial operativo. “Su accionar está reservado a patrullajes y acciones de protección periférica en acciones realizadas por corporaciones policiales”, dijo. Por último, el activista señaló que no existe voluntad política para solucionar el problema de violencia que golpea al municipio de La Paz, para prueba los narco mensajes que han involucrado a autoridades de la Procuraduría. “En el estado no existe la coordinación de todas estas fuerzas, ni la visión de Estado ni la voluntad política para emprender una acción frontal contra el crimen organizado. Hay demasiada gente vinculada al grupo en el poder, vinculada con el crimen organizado, como para correr el riesgo de poner en evidencia al sistema. Las narcomantas que de cuando en cuando nos informan sobre los reclamos y amenazas de los grupos criminales, acusan la complicidad de servidores públicos y narco criminales”, finalizó.

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