Esto tan sólo en los primeros nueve meses de la actual administración La Paz; BCS.- Durante los primeros 9 meses de la actual administración, elementos de la Policía Ministerial del Estado realizaron 2 mil 180 operat
Esto tan sólo en los primeros nueve meses de la actual administraciónLa Paz; BCS.- Durante los primeros 9 meses de la actual administración, elementos de la Policía Ministerial del Estado realizaron 2 mil 180 operativos de vigilancia, para dar cumplimiento a las diversas denuncias sobre la venta de drogas al menudeo, y cumplimentar órdenes de aprehensión. Así lo informó el Mtro. Erasmo Palemón Alamilla Villeda, Procurador General de Justicia del Estado, quien reiteró que para resolver los delitos que se denuncian y con el objetivo principal de lograr que la víctima u ofendido obtenga la reparación del daño, el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado trabaja los 365 días del año con empeño y dedicación para realizar investigaciones profesionales que logren la detención, puesta a disposición y consignación de los probables responsables de hechos delictivos ante la autoridad. Reveló que en el periodo que se informa se recuperaron 5 mil 335 objetos robados, así como, 817 vehículos cuyo robo denunciaron sus propietarios. Cumplimentaron 756 mandamientos judiciales que libraron los diversos juzgados penales del estado, en contra de personas que se relacionan con la comisión de diversos delitos; pusieron a disposición del agente del Ministerio Público a 394 personas. El Procurador General de Justicia del Estado exhortó a la ciudadanía a que denuncie la comisión de cualquier hecho delictivo; a través de los números telefónicos gratuitos 01-800- 71-07- 293 sin costo, desde cualquier parte del estado; desde un celular telcel pueden marcar el 117 de la Policía Ministerial o 066 de emergencias. Con acciones como ésta, la Procuraduría General de Justicia del Estado atiende el mandato de Ley y la instrucción del Titular del Ejecutivo de Baja California Sur, de realizar acciones que den certeza al estado de derecho y, en los hechos, poner a las personas que trasgredan el orden jurídico a disposición de la autoridad correspondiente, con respeto a sus derechos humanos.
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