XV Ayuntamiento espera que las instituciones configuren los “evidentes” delitos sobre 104 MDP

La Paz, Baja California Sur.- Después de haber presentado 12 demandas en total ante la Procuraduría General de la República (PGR), así como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el XV Ayuntamiento de La Paz confía en que ambas instancias pidan al Congreso de la Unión el desafuero de la exalcaldesa, actual diputada federal, Esthela Ponce Beltrán (PRI) para ejercer acción penal en su contra por expedientes que demuestran un desorden administrativo que ocasionó la presunta malversación de más de 104 millones de pesos en su gestión 2011-2015. En este sentido, el director de la Consejería Jurídica del ayuntamiento, Santiago Leal Amador, aseveró que las denuncias presentadas con documentación emanada de la auditoría forense realizada a la gestión del XIV Ayuntamiento “sí proceden”, ya que resulta evidente que existen desórdenes administrativos y responsabilidades del orden penal después de haber ejercido recursos federales para fines distintos a los establecidos, así como la carencia de la obra pública correspondiente. “No se construyeron las obras y el recurso no se encuentra en ninguna parte, no puedo afirmar más detalles porque son motivo de la carpeta de investigación, pero consideramos que independientemente del proceso de desafuero, sí hay elementos para procesarla penalmente […] sin embargo, en ese caso específico, creemos que sí lo va a solicitar PGR”, indicó el actual abogado municipal. Santiago Leal negó que sea difícil detectar un mal uso de los recursos en las cuentas de la administración municipal de Esthela Ponce Beltrán, ya que su análisis fue cotejado mediante la normatividad vigente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a las reglas de operación de cada uno de los programas federales a los que las autoridades se suscribieron mediante los convenios firmados. “Al contrario […] creo que es un ejercicio muy ágil, el saber si llegaron los recursos, en qué los gastaron y en dónde terminaron […] ver si se cumplió la normatividad y bueno, ya será la PGR quien determine si fue un desorden administrativo, que inclusive es delito en sí, no haber ejercido los recursos para el objeto para el cual estaban destinados, o hay más de fondo”, agregó. El director jurídico aseguró que tanto la PGR como la PGJE tienen la misma facultad para solicitar el desafuero de Esthela Ponce Beltrán ante el Congreso de la Unión, mediante lo estipulado por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos por tratarse de una diputada federal. “La única diferencia es el ámbito de competencia o el fuero al que pertenece cada investigación de cada delito. En el caso de la PGJE, está totalmente facultada para solicitar a la Cámara de Diputados el desafuero de la diputada federal, no importa de que no se trate de recursos federales”. Por otro lado, la PGR no necesitará realizar todo el proceso antes mencionado con los otros cuatro exfuncionarios denunciados al no estar protegidos bajo el fuero constitucional por su probable relación en los delitos denunciados en los expedientes LPZ/85/SPB/2016, LPZ/86/SPB/2016, LPZ/87/SPB/2016 y LPZ/88/SPB/2016, tales como el exsecretario general, Guillermo Beltrán Rochín; el extesorero, Rosendo Castro Orantes, el ex síndico, Francisco Moreno Soria y la ex directora general de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, Rosa María Sánchez Mendoza. “Les va a llegar a ellos en estos días a esos servidores el citatorio para que declaren y bueno ahí se van a enterar de los detalles”, finalizó el funcionario que encabeza este proceso legal, Santiago Leal Amador.

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