Edson Gallo Zavala, comisionado de seguridad, ya socializa esta propuesta con su fracción

La Paz, Baja California Sur.- El diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Poder Legislativo de Baja California Sur, Edson Gallo Zavala (PAN), se manifestó a favor de modificar la constitución local para desaparecer la inmunidad parlamentaria y la determinación de procedencia, que protege a los servidores públicos de enfrentar procesos penales en caso de ser imputados de alguna irregularidad en el ejercicio de sus funciones. “Antes de proponerlo vamos a socializarlo un poco más, pero estoy a favor de que no exista el fuero […] creo en que cualquier funcionario de cualquier nivel pueda ser sometido a las leyes de cualquier orden y de cualquier nivel. No debe haber impunidad para ninguna persona en BCS, por eso es que yo no creo en la declaración aprobatoria y la inmunidad parlamentaria como las plantea la constitución actualmente”, indicó el diputado Edson Gallo para Diario El Independiente. Por su parte, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Rigoberto Mares Aguilar, respaldó las declaraciones de Gallo Zavala y aseguró que actualmente la fracción blanquiazul, que cuenta con 15 de los 21 diputados al interior del congreso, ya discute esta posibilidad al considerar que esta medida de protección se ha “degenerado” para favorecer la impunidad para quienes cometen faltas al Estado de Derecho en el ejercicio de sus funciones. “Al interior de la fracción es un tema que tenemos considerado. En lo personal, sí estaría de acuerdo en que se eliminara la figura del fuero, que en un principio sirvió para que los legisladores pudieran expresar sus opiniones de manera libre, sin venganzas de ningún tipo; sin embargo, me parece que esta figura se fue degenerando y ya no es una figura que deba conservarse”, reiteró el presidente de Acción Nacional en la media península. Actualmente, la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos y Patrimonial de Baja California Sur, en sus artículos 158 y 159, establece que, a petición expresa de la autoridad, el Congreso del Estado en pleno debe votar para proceder o no penalmente contra gran parte de los funcionarios, tales como como los diputados, jueces, magistrados, secretarios y subsecretarios del despacho del gobernador, procurador y subprocurador de justicia, contralor, revisor fiscal, coordinadores de unidades administrativas y los directores del poder ejecutivo. La legislación contempla de igual manera a los directores de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal, sociedades y asociaciones asimiladas, consejeros presidentes y consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral (IEE), así como los presidentes de la Junta y Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), los presidentes, síndicos, regidores y delegados municipales. Estas declaraciones se dan como consecuencia a lo sucedido el pasado 14 de julio en el Congreso del Estado de Jalisco, en el que, mediante una propuesta del diputado Pedro Kumamoto (independiente), se logró eliminar el fuero para que aquellos servidores públicos que incurran en responsabilidad política, penal, administrativa y civil, defiendan su inocencia igual que cualquier otro ciudadano, mediante el procedimiento previsto en la legislación penal.

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