Por lo menos otros cuatro exfuncionarios son imputados junto con la actual diputada federal Francisco MonroySánchez, alcalde suplente de la priista, libre de acusación hasta el momento

La Paz, Baja California Sur .- Autoridades del XV Ayuntamiento de La Paz presentaron un paquete de evidencias ante la Procuraduría General de la República (PGR) para iniciar un proceso penal a la exalcaldesa Esthela Ponce Beltrán y funcionarios de menor nivel como el exsíndico Francisco Moreno Soria, el exsecretario general Guillermo Beltrán Rochín, el extesorero Rosendo Castro Orantes y la exdirectora general de Obras Públicas y Asentamientos Humanos Rosa María Sánchez Mendoza del XIV Ayuntamiento por haber detectado irregularidades en el manejo de recursos federales por un monto superior a los 70 millones de pesos. El director de la Consejería Jurídica del ayuntamiento, Santiago Leal Amador, explicó que éstos ocho nuevos expedientes se sumarán a otros cuatro previamente entregados ante la Fiscalía del Estado mediante dos denuncias ante la propia Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), evidencia obtenida gracias a la auditoría forense ordenada por el alcalde Armando Martínez Vega al inicio de su administración. De acuerdo al abogado municipal, la documentación arrojó probable evidencia para configurar delitos como peculado, ejercicio indebido de funciones, ejercicio indebido del deber público, omisiones, y lo que resulte en las indagatorias por una cantidad superior a los 104 millones de pesos. “Esperemos que el Ministerio Público de la Federación (MPF) inicie la averiguación, nosotros estimamos que hay elementos para procesar penalmente a los ex servidores públicos pero ya está en manos de la PGR determinar si con lo que hemos aportado de pruebas ellos están satisfechos y puedan judicializar el tema u ordenan la realización de más diligencias”, indicó Leal Amador a pregunta expresa de Diario El Independiente. El jurídico se mostró confiado de que la autoridad federal tome en cuenta la evidencia para poder fincar las responsabilidades a los exfuncionarios encabezados por la ahora diputada federal Esthela Ponce Beltrán, debido a que los hechos “son evidentes”, por la manera en que los recursos públicos que llegaban a las arcas municipales se “movieron” de esas cuentas bancarias sin que las obras que amparaban las cantidades mencionadas estuvieran realizadas. Por otro lado, reconoció que el también exalcalde Francisco Javier Monroy Sánchez, no está demandado penalmente, ya que en los resultados que ha entregado la Contraloría Municipal mediante la auditoría forense no se ha determinado irregularidad alguna en su contra; sin embargo, no descartó que en un futuro puedan surgir mediante la revisión exhaustiva de la documentación recibida de manos de la administración priísta. “(Seguiremos entregando expedientes) de manera paulatina conforme se van revisando a detalle cada uno […] porque no queremos correr prisas, no queremos presentar las denuncias con algunos elementos que por la prisa pudiéramos omitir, estamos armando paquete por paquete con calma, con detalle […]  estamos un proceso de revisar otro número parecido de expedientes, estamos en ese proceso de llegarnos de todos los elementos, no tenemos ahorita una fecha establecida pero no puede ser mucho tiempo”, indicó el abogado. Santiago Leal Amador presentó los expedientes de manera pública y ante los medios de comunicación a través de oficialía de partes de la delegación estatal de la PGR, momento en el que fue acompañado por una comitiva conformada por el secretario general, Isidro Ibarra Morales, así como la síndica municipal, Rosa Evelia Solorio Ramírez. Cabe destacar que la diputada federal Esthela Ponce Beltran se encuentra protegida por el fuero constitucional al pertenecer a la actual LXIII legislatura del Congreso de la Unión; sin embargo, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado en vigor desde el 27 de mayo de 2014 (artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) marca los lineamientos en este tipo de situaciones. Es por esto que si el MPF de la PGR lograra configurar los delitos imputados por el XV Ayuntamiento, la propia Cámara de Diputados en pleno será la que deberá decidir de manera irrevocable, mediante una votación con la mayoría absoluta de sus miembros presentes, si permitirá a las autoridades proceder en contra de la priista. En caso de que esta votación resulte negativa, se “suspenderá todo procedimiento ulterior”, sin que esto represente un obstáculo para que la imputación del delito continúe su curso cuando Esthela Ponce Beltrán termine su encargo legislativo; aunque, por otro lado, en caso de que el Congreso vote a favor de proceder contra la exalcaldesa, será separada de su curul y quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen conforme a la ley. Por otro lado, si la exalcaldesa obtuviera una sentencia condenatoria, quedaría descartado cualquier tipo de indulto, con la obligación de cumplimentar cualquier orden que ejecute el juez competente en la materia; sin embargo, en caso de ser absuelta de las imputaciones, podrá reasumir sus funciones como legisladora en el Congreso de la Unión.

Este contenido ha sido publicado originalmente por diarioelindependiente.mx si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido, ojo AL PRINCIPIO DE LA NOTA. Atte. Diario El Independiente