• El FRECIUDAV espera que la ciudadanía “despierte” y rechace esta iniciativa del gobernador

La Paz, Baja California Sur.- El Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav) ha iniciado una campaña de recolección de firmas en contra de la iniciativa de Ley de Asociaciones Público Privadas presentada por el gobernador Carlos Mendoza Davis, la cual ha generado controversia, ya que presuntamente es el primer paso hacia la privatización de algunos servicios y derechos de acuerdo a lo denunciado a los sectores de oposición al interior del Congreso del Estado, ocasionando incluso conatos de bronca entre bandos opuestos. “Llevamos alrededor de mil 500 firmas, es que de esto nos enteramos apenas el jueves entonces de aquí a que nos organizamos, se elaboró el formato y mandato, empezamos a recopilar firmas esta semana […] de entrada legalmente con una sola firma podemos demandar sí, pero se trata de que el gobierno se de cuenta que somos los ciudadanos los que estamos queriendo que no venda su ciudad”, aseguró Juan Ángel Trasviña, líder del frente. El activista lamentó la cerrazón de los diputados panistas al querer aprobar “la voluntad” del gobernador, sin representar a los ciudadanos, por lo que advirtió que esta ley podría permitir que las corporaciones público-privadas sean empresas con facultades gubernamentales, dejando indefensos a las personas que “se interpongan” en el camino de las transnacionales y vulnerables a la violación de sus derechos y la expropiación de sus propiedades o concesiones de trabajo. “Esto no solamente facilita la producción, no solamente se habla de expropiación de inmuebles, sino también de derechos, si las cooperativas pesqueras del sur tienen sus derechos y concesiones, si por ejemplo, si los de Tres Santos se asocian con el estado, con el gobierno municipal ah entonces pueden expropiar los derechos de concesión para poder trabajar más a gusto”, aseguró Trasviña. El representante del Frente aseguró que el formato para la firma de estas peticiones se ha repartido en todos los municipios de la entidad, principalmente en cabeceras municipales, al tratarse esta de una ley estatal que afectaría a todo el territorio sudcaliforniano, por lo que dijo que esta ley deberá ser replanteada para beneficio de la población. “En esto de las asociaciones público-privadas, en los hechos sabemos que lo público no es verdad, en realidad esto solamente es privado, en la ley está marcándose así, después de unos años, este desarrollo pasa a ser privado, entonces es inadmisible, no podemos permitir que todos los ciudadanos estemos en riesgo de perder nuestros derechos, nuestras propiedades simplemente para favorecer a una empresa privada”, finalizó Juan Ángel Trasviña.

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