• Los organismos garantes deben gozar de autonomía financiera para operar conforme a la ley

La Paz, Baja California Sur.- De acuerdo a estadísticas arrojadas por el Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información (INOGDAI), un estudio elaborado por las organizaciones civiles Article 19 y México Infórmate, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California Sur (Itai) dirigido por Claudia Elena Meza de la Toba obtuvo una calificación de 40.9%, lo que lo posiciona en el lugar 30 de los 32 organismos a nivel nacional y a poco menos de 13 puntos del promedio nacional de 53.6%. De acuerdo a Fundar, Centro de Análisis e Investigación, organización civil plural en búsqueda de mayores condiciones de transparencia en México, el principal defecto del instituto proviene desde el propio Congreso del Estado, específicamente la Comisión de Transparencia presidida por Maritza Muñoz Vargas (PAN), quienes aprueban el presupuesto del organismo, el cual para 2016 no superó los 7 millones de pesos. “Antes de satanizar al instituto de transparencia local hay que entender por qué salió tan mal evaluado […] una de las razones es, que recibe un presupuesto diminuto […] es básicamente nada, es muy difícil trabajar con un presupuesto tan pequeño […] la autonomía de un organismo público autónomo depende de qué tanto presupuesto tiene o que tanto está sujeto a la voluntad de los partidos (políticos)”, explicó Renata Terrazas Tapia, investigadora de la organización para Diario El Independiente. Los criterios evaluados por el INOGDAI se basaron en tres ejes vertientes, el primero de ellos es transparencia, que contemplan evaluaciones a la publicidad de la actuación de sus titulares, disponibilidad de informes, archivos, evaluaciones externas, presupuesto, especialización, quejas, acceso a la información; en este rubro, Baja California Sur y Chiapas se encuentran empatados en décimo lugar con un 56%. El segundo aspecto contempla la promoción del derecho a la información, en el que se otorgó un 22.2% y el tercero toma en cuenta la resolución de los asuntos del organismo, es decir, los criterios, recursos disponibles y seguimiento hasta la entrega satisfactoria de la información, que fueron evaluados con un 44.4%; sin embargo, para entender estas cifras, es necesario analizar las causas que originan estos problemas para el organismo encargado de hacer cumplir la recientemente aprobada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es por esto que consideró que a pesar de que la Ley de Transparencia sea una de las mejores leyes a nivel nacional, queda “floja” sin medidas presupuestarias que fortalezcan al organismo garante, y consideró que el siguiente paso deberá ser invertir correctamente en el Itai para que pueda sostener conforme a derecho todas las nuevas atribuciones que acaba de recibir, imposibles de sobrellevar para una plantilla de 11 personas con pocos recursos. A esta situación se suma la poca participación ciudadana en temas de transparencia a nivel nacional, por lo que el hecho de estar poco solicitados o atendidos por el ojo de la población, ocasiona en algunas partes del país los organismos se conviertan en una bolsa de trabajo para el partido en el poder y poco a poco se vuelvan cómplices del bajo presupuesto otorgado por el propio Congreso del Estado.

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