• Pidió “no especular” y enfocarse en el verdadero objetivo de la dependencia

La Paz, Baja California Sur.- El delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Baja California Sur, Saúl Colín Ortiz, negó haber incurrido en una presunta falsificación de firmas y documentos sobre el monitoreo de mortandad de la Tortuga Amarilla (Caretta Caretta) en el Golfo de Ulloa con el fin de desprestigiar a tres funcionarios públicos de la dependencia; sin embargo, algunos medios de comunicación han manejado que en contubernio con Grupo Tortuguero de las Californias, buscarían despedirlos para meter en su lugar a gente de su confianza. “Pediría no especular, es lo que tenemos que hacer, no desviarnos de lo que realmente ahí tenemos como objetivo, no especular sobre este hecho […] el manejo de la información es muy importante, pero pues la postura de la procuraduría está muy clara […] prefiero no opinar al respecto, no tiene caso entrar en ese tema”, reviró el delegado expresamente para Diario El Independiente. Sin embargo, se tiene conocimiento que la Profepa interpuso una denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en contra de Antonio Jesús Díaz Rondero, quien se desempeñara como subdelegado de Inspección de Recursos Naturales, así como contra otros dos inspectores en activo adscritos a la delegación en Baja California Sur. “La acción promovida […] ocurrió ante el incumplimiento de sus obligaciones inherentes al cargo durante todo el año 2015 y los meses de enero, febrero y parte marzo del 2016, al no realizar el monitoreo de mortandad de la Tortuga Amarilla (Caretta caretta) y otras especies marinas en el Golfo de Ulloa, municipio de Comondú, Baja California Sur, siendo obligación de los mismos, como así les fue encomendado”, asegura el boletín. Este presunto incumplimiento se fundamenta en un informe solicitado por parte de Saúl Colín Ortiz a Grupo Tortuguero de las Californias fechado el 21 de marzo de 2016, con el fin de “demostrar” que sus inspectores no cumplían con este encargo en el Golfo de Ulloa; por su parte, esta asociación civi señala que “durante el 2015, el personal de Profepa acompañó al técnico del proyecto Víctor de la Toba Miranda solamente dos ocasiones, señalando los días 23 de febrero y el 14 de marzo de 2015 en las bitácoras de salidas”. En el informe se especifica que las bitácoras de mortandad de la tortuga amarilla del Grupo Tortuguero de las Californias, antes de 2015, “eran revisadas, cotejadas y firmadas también por el personal de la Profepa”, mencionando que “a partir del año 2015 no se han revisado, cotejado o firmado los reportes realizados”; y además, negaron haber firmado algún reporte elaborado por la dependencia federal en los años 2015 y 2016. Aunque por otra parte, de acuerdo a información obtenida por MegaNoticias, el mencionado técnico Víctor de la Toba Miranda aparecería como testigo en al menos 25 bitácoras del 2015 presentadas por los trabajadores; además, cuando el Grupo Tortuguero manifiesta que dicho técnico nunca firmó algún reporte, al final se puede ver la firma del encargado de la zona, lo que evidenciaría una presunta confabulación de Colín Ortiz con dicha asociación para desacreditar a sus propios inspectores para satisfacer sus intereses personales, además de supuestamente “poner en duda” el trabajo de revisión de la mortandad de la tortuga amarilla. La Profepa asegura que estos funcionarios llenaban sus reportes con información obtenida del Grupo Tortuguero de las Californias, quienes investigan el quelonio en esta región en coordinación con la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), de manera que sus ex inspectores obtenían estos datos con el Grupo Tortuguero a cambio de entregarles vales de gasolina de la dependencia de manera semanal. El delegado también señala que la firma del personal del Grupo Tortuguero de las Californias que aparece en los reportes entregados no fueron plasmados “en puño y letra”, ni reconocidas por los miembros de la asociación, por lo que posteriormente “se negaban a entregar los reportes originales, a pesar de que fueron solicitados en dos ocasiones” y “se deslindaban de la responsabilidad de llevar a cabo el monitoreo, pretendiendo hacer responsables a otras áreas de la Procuraduría”. Sin embargo, los trabajadores de la institución ya habrían interpuesto una denuncia ante el procurador Guillermo Haro Belcher, en donde refieren al delegado Saúl Colín Ortiz como un funcionario que incurre en actividades como “acoso laboral, abuso de autoridad, violación a todos los estatutos y procedimientos de esta Procuraduría, usurpación de funciones, violación a todas mis garantías como trabajador del Gobierno Federal, difamación, violación a los derechos humanos de los trabajadores, daños a la nación y los que resulten”. Por último, la Profepa señala que la información sobre el varamiento de las tortugas marinas en Playa San Lázaro, que ha causado una veda de pesca durante todo 2016, corresponde a una realidad, ya que tiene el sustento del Grupo Tortuguero de las Californias y de la propia UABCS, instituciones de “reconocido prestigio que llevan a cabo actividades de monitoreo e investigación de tortugas marinas en el Golfo de Ulloa”.

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