• En México circulan cada día más de 25 millones 543 mil vehículos automotores, de los cuales sólo 5 mil son híbridos y eléctricos

CIUDAD DE MÉXICO.

La bancada perredista busca reformar la Ley  Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y del Impuesto al Valor Agregado, con el fin de que a los vehículos híbridos y eléctricos, cuando se les enajene e importe, queden exentos del pago de ambos gravámenes sobre automóviles nuevos.

El documento precisa que en el 2012 el transporte en México generó 39 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), asociadas a la producción y uso de la energía, de acuerdo con especialistas del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) y el Centro de Transporte Sustentable (CTS)

El legislador Alejandro Ojeda Anguiano definió que un vehículo eléctrico es aquel que es propulsado por uno o más motores eléctricos con tracción de rueda y paratransporte de pasajeros, en tanto un híbrido es aquel cuyo sistema de propulsión combina una o dos fuentes de energía con tracción de rueda. La iniciativa señala que en México circulan cada día más de 25 millones 543 mil vehículos automotores, de los cuales sólo 5 mil son híbridos y eléctricos, representando tan sólo el 0.01 por ciento del total. El también vicepresidente de la Mesa Directiva destacó que, de acuerdo con algunos cálculos, el impacto económico al dejar de percibir impuestos oscila en 75 millones de pesos; cantidad, dijo, financieramente aceptable frente al costo económico que resulta de las consecuencias ambientales ocasionadas por la emisión de gases de efecto invernadero. Mencionó que la reforma no generaría un acto de inconstitucionalidad, en lo relativo a la equidad y proporcionalidad que debe imperar en materia fiscal, en virtud de que el Estado, en ejercicio de las atribuciones que le confieren, destaca lo relacionado a la procuración de un medio ambienteadecuado, así como al establecimiento de políticas que impulsen los sectores productivos. Afirmó que la reforma constituirá un instrumento económico que auxilie en la reducción de emisiones contaminantes, compromisos adquiridos en ley.