• “En el aspecto económico esto está generando doble gasto por parte ayuntamiento que sale de nuestros bolsillos, de los impuestos están pagando las equivocaciones de la autoridad responsable”, aseveró el abogado Rubio Ruiz; los 80 trabajadores podrían organizarse y solicitar juicio político por abuso de autoridad a sus derechos humanos fundamentales

San José del Cabo, Baja California Sur.- Con respecto a los 80 trabajadores que ganaron el amparo para la restitución de sus derechos y garantías laborales, de los cuales se han reintegrado a su puesto de trabajo aproximadamente 20, Arturo Rubio Ruiz, abogado postulante, informó a medios de comunicación de Los Cabos, que desde que el Cabildo aprobó el quitarles las bases, él habló de la violación a sus derechos y de un ejercicio ilegal de abuso de poder. Acerca de la situación que muchos calificaron como una arbitrariedad y para otros el ejercicio de una venganza política, la realidad es que puso en peligro la estabilidad económica de muchas familias y dio una referencia de cómo el poder cuando se ejerce de manera excesiva, puede trastocar los marcos de la ley, sobre lo que dio la razón la justicia federal. “afortunadamente para nosotros contamos en el estado con un órgano de control constitucional que no depende del poder político estatal y nos dio la razón porque la tenemos y porque está en la ley, no fue algo que inventamos, es algo que está plasmado en una norma que debió haber sido respetada por el órgano de autoridad municipal, esa mezcla de desconocimiento de la ley, de arrogancia con prepotencia y decir lo hago porque yo quiero y muchas veces en el ejercicio del poder se pretende barnizar la actividad, se confunde la fundamentación y motivación con un pretexto banal como en este caso, aduciendo reducir la nómina perjudican en los derechos básicos sobre todo de aquellos que dependen económicamente de quienes enfrentaron esta lucha”, sentenció. El licenciado Rubio explicó que como desde el inicio la desbasificación se consideró un acto ilegal, se demandó el amparo y la protección para que se determinara que ese acto era ilegal y que regresaran las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de que el ayuntamiento tomara esa equivocada decisión, es decir, continuas laborando y percibiendo los beneficios que disfrutaban antes, esa es la suspensión que se viola por el órgano de autoridad, se comete un delito que se llama desacato. Recapituló, como una vez iniciado el proceso obtuvieron una suspensión provisional, luego la definitiva, es decir, que la autoridad no puede modificar las condiciones laborales y prestaciones que estaban recibiendo los quejosos, lo que demuestra que alguien aconsejó mal a quien tiene la facultad de resolver en el ayuntamiento al tratar de burlar la ley y a los trabajadores, pues en el amparo la suspensión dice que el alcalde no puede correrlos, por eso lo hicieron los directores de área y de recursos humanos. “Ese procedimiento resultó contraproducente porque quien tomó esa decisión olvidó que los actos de los subordinados le afectan a su superior y si el poder se ejerce de una manera escalonada a través de la delegación o subordinación, los directores y jefes de departamento tienen la obligación de acatar las disposiciones que le afectan al de arriba, si los directores de área queriendo burlar a la justicia federal despidieron a algunos de los trabajadores con su acto, violaron la suspensión definitiva y otorgada por un juez federal; el juez federal consideró que ese acto era una violación a la suspensión, es la razón por la cual les dieron un plazo perentorio inaplazable de 24 horas para que los restituyeran en todo el ejercicio de sus derechos y así va a permanecer esto, algunos de los amparos no se han resuelto y algunos otros están en revisión pero todos van en el mismo sentido”, puntualizó. Lo anterior, explicó Rubio Ruiz, es debido a que hay un principio que rige el ejercicio de la justicia federal que es el de identidad un juez federal, es decir, no puede ir en contra de su propio criterio en igualdad de circunstancias, por lo que si ya le otorgó el amparo a una quejosa y la otra quejosa está en las mismas condiciones, no puede decir a ti si y a ti no, si hay una identidad en el acto reclamado en las circunstancias y autoridad el resultado es idéntico. En este sentido, dijo los trabajadores están en pleno derecho, goce y ejercicio de todas las prestaciones, su único compromiso es seguir laborando en las condiciones, horarios y plazas donde se encontraban, así como el pago de prestaciones que se han retenido incluyendo bonos y si la autoridad responsable varía horarios, comisiones, sedes, viola la suspensión, “estamos gozando en este momento de la más amplia protección que la justicia federal puede otorgar a un quejoso; si alguien le quedan a deber un bono o alguna prestación mínima vamos a insistir con el juez de distrito para que les aplique las medidas de apremio: primero es una multa, segundo es un arresto y tercero es destitución inhabilitación y cárcel por el delito de desacato federal”. Cuestionado de si las autoridades que abusaron de sus funciones al desbasificar a los trabajadores podrían ser sancionadas, el licenciado Rubio declaró que al haber una violación que puso en peligro el buen funcionamiento de las actividades propias del Estado y que en consecuencia genera un doble pago, por lo que una parte de la función pública se desestabiliza, entonces es el Congreso del Estado quien tiene facultades para erigirse en jurado estatal (14 de los 21 diputados) y a través de una figura como juicio político, puede evaluar sobre la procedencia de una sanción a quienes en este caso tomaron una decisión equivocada que lesionó intereses de los gobernados. “Una vez concluido este proceso para sancionar a quien violentó la ley, se puede iniciar una demanda de juicio político que no tienen que ser los trabajadores, la Constitución dice que cualquier particular puede solicitar un juicio político aportando los elementos de prueba, que son las copias de las sentencias de las resoluciones donde el ayuntamiento dijo tengo facultades para desbasificarte y el juez federal dijo que no debió haberse esperado y seguir procedimiento y en lugar de eso actúo como autoridad ejecutora y violó la ley, lo que es causal de juicio político”, aseveró.De darse así, las opciones del Congreso establecido como jurado, son: la inhabilitación, destitución primero y su inhabilitación de 1 a 20 años, procedimiento administrativo con sanciones similares y proceder en la vía penal en los delitos abuso de autoridad ejercicio abusivo de funciones.En la segunda ola de empleados basificados que fueron despedidos pero ya no alcanzaron los tiempos para interponer amparo, pero sí demandar por restitución de base, informó que va caminando y que al final de cuentas la junta tiene que atacar el mismo criterio en base a la justicia federal, mientras que los que no se defendieron tienen un camino que por medio de tratados y convenios internacionales, como un recurso extraordinario. Por su parte, Selene Robles, de la base trabajadora, refirió que la líder sindical, Teresa Verduzco, fue irresponsable al nunca brindarles su apoyo, pues argumenta que el apoyo jurídico lo debe dar el estado, cuando ellos han aportado y se les ha descontado por formar parte de los burócratas de Los Cabos, cuando finalmente todo esta situación se originó por un oficio que ella solicitó al ayuntamiento. “Ella jamás nos reunió, nunca nos ha reconocido, nosotros éramos los nuevos, que los que tuvimos que recurrir a nuestros abogados nos quedamos en el medio, el ayuntamiento nos corre y el sindicato nos ignora, no nos dieron otra opción, no es nada personal con nadie, no lo veo como un pleito, estamos defendiendo nuestros derechos, cada quien sabemos lo que nos ha costado estar aquí y el tiempo que tenemos en la administración, cosa que jamás valoraron y se suponía iba a haber una revisión caso por caso y dijeron se van todos, pero no nos sentimos solos porque estamos bien apoyados por el bufete de abogados”, concluyó.

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