• Ciudadanos han externado su molestia por ante este nuevo sistema toda vez que aún no está BCS preparado para el mismo • Las mismas autoridades reconocen que aún hay fallas en el sistema, pero que si servirá

La Paz, Baja California Sur.-El 2015 fue un año de cambios importantes para Baja California Sur, no sólo en los usos y costumbres de los ciudadanos que se enfrentaron a problemas de seguridad y violencia sin precedentes, también el Nuevo Sistema de Justicia Penal entró en vigor en el municipio de Comondú, en julio del 2015, régimen que fue vendido como la mágica solución que resolvería los problemas ancestrales de impartición de justicia que imperaron desde la implementación del Sistema Inquisitivo. Durante más de cien años, el Sistema Inquisitivo o Sistema Tradicional vendió un esquema de justicia que, al parecer, tomó el mismo lapso a las autoridades reconocer que no es tan justo. Es por eso que el Nuevo Sistema de Justicia Penal fue expuesto como “el modelo mesías” que vendría a terminar con la impunidad y frustración que afectan a quienes han sido víctimas de un delito, es decir, aquellos que nunca pudieron saborear el concepto de justicia que tanto pregonan las instancias correspondientes. Sin novedades mediáticas, el 1 de enero del 2016, el municipio de La Paz se convirtió en el segundo municipio de Baja California Sur en el que el Nuevo Sistema, o Sistema Acusatorio, entró en vigor; a partir de ese momento, las quejas y denuncias recibidas mediante ese esquema se convirtieron en una cruz para las autoridades. Las redes sociales han sido, hasta ahora, los principales espacios en los que la ciudadanía ha elegido externar sus molestias y frustraciones debido a las trabas que han enfrentado para que sus casos sean atendidos por las corporaciones involucradas en impartir justicia. Existen algunas hipótesis que podrían dar respuesta al porqué existe un aire de insatisfacción entre la ciudadanía de La Paz tras la implementación del Nuevo Sistema: una población que no se informa sobre en qué consiste el régimen; la falta de preparación de los elementos de las corporaciones policiacas y/o el poco tiempo que lleva en vigor este esquema en la capital. Las autoridades correspondientes han respondido que quizás el problema esté compuesto de un poco de cada uno de los anteriores supuestos. Los ciudadanos han hecho denuncias directas en las que afirman que hay lentitud para atender llamados de emergencia que se hacen a las corporaciones de seguridad, quejas que señalan que los agentes de las corporaciones policiacas se volvieron lentos para atender los llamados, que incluso han llegado a tardar hasta 45 minutos para atender accidentes automovilísticos, o no aparecieron en el lugar de los hechos. Hace unas semanas, el ciudadano Juan Carlos Rodríguez enfrentó una problemática en unos locales comerciales de su propiedad, ubicados en las calles Legaspy y Encinas: un individuo atacó con un machete el puesto de tacos de uno de sus clientes. Rodríguez denunció que él también fue agredido por el sujeto, al que él mismo sometió, sin embargo, al solicitar la presencia de las autoridades, la espera se prolongó por casi dos horas, cuando se trataba de una emergencia que debió ser atendida a la brevedad. Quienes presenciaron el hecho solicitaron a través del C-4 el apoyo de agentes de seguridad, esto alrededor de las 17:00 horas del día en que ocurrió el ataque. “Marcaron al 066 a las 17:00 horas. Yo me encontraba en mi domicilio en ese momento. Como a la hora me hablan otra vez y me dicen que nunca llegó la policía, nunca mandaron nada; según que habían pasado el reporte de la Municipal”, explicó Juan Carlos. Al no recibir respuesta de las autoridades, el denunciante se dirigió al lugar del altercado, donde auxilió a su cliente, sometiendo al agresor a pesar de que este traía consigo un arma punzocortante. “Llegué al lugar, y la patrulla no había llegado. Sometí a este sujeto, forcejeamos casi 34 minutos, y como podía marcaba al 066, pero no me daban respuestas, sólo ponían una musiquita y ya”, comentó. Más de dos horas y media tuvieron que pasar para que elementos de la Policía Estatal llegaran a la escena y detuvieran al agresor. Después de leer lo anterior, muchos se preguntarán: ¿qué tiene que ver este hecho con el Nuevo Sistema de Justicia Penal? Desde el 1 de enero del 2016, las denuncias sobre la lentitud para atender los llamados de emergencia han sido una constante. Esto pudiera deberse, según afirman especialistas, ciudadanos y autoridades, a que los elementos de las corporaciones de seguridad “le sacan la vuelta” a la responsabilidad de ser el primer respondiente. Pero ¿realmente se trata de falta de pericia de los agentes o es que falta capacitación para aquellos que asumieron esta responsabilidad? El secretario ejecutivo del Órgano Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Ismael Sigala Páez, ha reconocido que sí hace falta una mayor capacitación de los elementos de las diferentes corporaciones de seguridad. Sigala Páez admitió que ese tipo de fallas podrían recaer en los operadores, sin embargo, afirma que eso no significa que el sistema no funcione. “No todo lo se publica en redes en torno al sistema tiene mucho sustento, a eso sí se le da mucha difusión, cuando no siempre viene de fuentes formales. Nos falta mucho tramo por recorrer en materia de difusión, de socialización del Sistema, pero, asegura, “no estamos en una situación alarmante del funcionamiento del Sistema”. La mayoría de ciudadanos que denunciaron las faltas del Nuevo Sistema, señala que los policías que han llevado sus casos se defienden diciendo: “Así es este nuevo esquema de justicia”. Si ellos reciben un mal servicio pericial de parte de los agentes de seguridad, entonces también crecen la inconformidad y las críticas al Nuevo Sistema, puesto que las excusas son la carta principal con la que algunos elementos han defendido la falta de pericia que demuestran para cumplir con su deber. Existe otra querella, de un ciudadano que ha solicitado quedar en el anonimato, la cual tiene peso periodístico, ya que sus quejas se basan en la falta de pericia de quienes han llevado su caso. Hace aproximadamente dos meses, este ciudadano fue víctima de los amantes de lo ajeno: Dos delincuentes fueron grabados en vídeo mientras intentaban entrar en su tienda, logrando su objetivo y sustrayendo cerca de siete mil pesos. Tras el crimen, el afectado cumplió con su deber cívico al acudir al Centro de Justicia Penal e interponer la denuncia correspondiente, sin embargo, se topó con los vicios del viejo sistema, los cuales, se presumía, habrían de quedar erradicados con la entrada en vigor del Sistema Acusatorio. La víctima señala que para interponer su denuncia estuvo cerca de cinco horas en el Ministerio Público, tiempo que las autoridades del Órgano Implementador han catalogado como “fuera del promedio para atender a una persona”. Cerca de cinco horas para levantar una denuncia, cuando, según el afectado, había sólo un caso antes que el suyo; además, para completar el trámite, al ciudadano le fueron solicitados diversos documentos, tales como los papeles de su tienda y las escrituras que lo abalaran como el propietario del local. “Yo iba a denunciar y lo que hacían era ponerme muchas trabas. Estuve a punto de irme, pero la muchacha que me atendió me detuvo; me levantaron la denuncia, pero no me dieron ningún papel, ni nada”, comentó. “Me pasaron con los ministeriales, me volvieron a hacer las mismas preguntas; el mismo proceso”. La molestia de este ciudadano radica en que, a dos meses del robo que sufrió, no ha visto avances ni ha recibido comunicación alguna, a pesar de que los agentes ministeriales que llevan su caso hicieron de su conocimiento que uno de los ladrones que participó en el atraco cuenta con antecedentes y está plenamente identificado por la corporación. Otro de los puntos importantes que se debe abordar en esta denuncia, es que el ciudadano fue notificado de que no podrían regresarle el dinero que le fue robado, cuando una de las principales premisas que se han vendido o anunciado con el Nuevo Sistema de Justicia Penal es que este ofrece garantías para la reparación del daño. “El comandante Rojas me dijo que no había forma en que se me regresara el dinero, porque eran ladrones, a pesar de que las autoridades han dicho que el Nuevo Sistema es garantista. A mí me está diciendo lo contrario el ministerial, que no voy a recuperar nada”, señala la víctima. Ante la lentitud de su caso, el ciudadano regresó para solicitar los papeles de su expediente, situación en la que tuvo que invertir otras dos horas para poder ser atendido por las autoridades. Lo último que el denunciante supo de su caso es que los agentes de la Policía Ministerial se comprometieron a detener a los presuntos responsables. Hasta la fecha no sabe en qué punto se encuentra la investigación. “Cómo se va a sentir uno si estás trabajando todo el día y llegas y encuentras que te robaron, y lo peor es que no hay respuestas ni garantías”, denunció. Ante los cuestionamientos fundamentados de este ciudadano, el Secretario Ejecutivo del Órgano Implementador aceptó que hay algunas denuncias por dilación en atención al ciudadano, falta de seguimiento a un caso en particular y/o la forma en la que servidores públicos atienden a una persona. Con respecto al hecho de que hay comandantes de la Policía Ministerial que puedan contradecir una de las primeras viñetas que se dieron a conocer sobre el Nuevo Sistema, como el hecho de que este es un modelo garantista, el funcionario respondió que eso es desinformación que el agente está dando al ciudadano. Sigala Páez reconoce que se genera bastante confusión entre la ciudadanía debido a la falta de información, y que esto, a su vez, provoca que los funcionarios y elementos que trabajan en el Nuevo Sistema sean objeto de críticas y señalamientos por parte de la ciudadanía. El secretario ejecutivo dio a conocer que en algunos casos han removido, reasignado o separado de sus funciones a quienes no han cumplido con el perfil específico que requiere este modelo. “El sistema está probado, es un sistema de que funciona; no es un plan piloto Baja California Sur, es una determinación que se tomó a nivel nacional hace algunos años y que los Estados han venido adoptando de manera exitosa”, declaró Sigala Páez. “El Nuevo Sistema está en una etapa de consolidación. Son diferentes factores los que pueden contribuir a que la ciudadanía tenga esa percepción”, agregó. Llegar a esta consolidación puede llevar un tiempo prolongado; los expertos dicen que el Sistema se consolida en alrededor de cinco a ocho años. Es por eso que es importante entender cuáles son nuestros derechos y obligaciones ante la realidad de justicia a la que nos enfrentamos y en la que viviremos durante al menos las siguientes décadas. Cuando presentas una denuncia, se genera un número de carpeta, con ese número de carpeta puedes acudir a la planta alta del Centro de Justicia Penal para que te asignen un asesor jurídico, que se encargará, sin costo, alguno, de solicitar toda la información que genere el Ministerio Público sobre tu querella. Otro de los puntos más importantes que debe conocerse sobre el Nuevo Sistema, es cuándo un imputado puede ser detenido y llevado ante el juez. Ismael Sigala explica que esto sucede en los siguientes supuestos: Cuando hay flagrancia, que es cuando una persona es detenida por la propia víctima, cualquier ciudadano o la autoridad, en el momento en el que se está cometiendo el delito o posterior a este sin que se haya perdido el contacto visual con él, o que, instantes después de haber cometido el delito, la persona sea sorprendida con los objetos materia del mismo. Cuando existe una orden de aprehensión en contra del imputado, que es cuando el Ministerio Público ordena a sus oficiales que la ejecuten y lleven a la práctica. El tercero sucede en los casos de extrema urgencia: cuando exista evidencia de que la persona pudo haber cometido un delito y pueda sustraerse de la función de la justicia, es decir, alguien que pudiera huir de las autoridades y no haya tiempo de solicitar una orden de aprehensión. Por otra parte, para que haya una reparación del daño, tiene que haber un proceso de conciliación en el que ambas partes estén de acuerdo al convenio que van a llegar, pero para ello tiene que agotarse el procedimiento. Es imprescindible que el responsable del delito sea presentado ante un juez, es decir, el imputado tiene que estar en calidad de detenido. Sin embargo, esto no significa que el responsable pueda celebrar otro acuerdo similar la semana siguiente; para que un imputado pueda tener acuerdos en salidas alternas deben pasar al menos cinco años para que las autoridades se lo permitan. Es necesario que se sepa que la ley establece límites en las investigaciones: el Ministerio Público no puede ni debe tardar más de seis meses en llevar una investigación, el juez no se lo permite. “El Sistema sí ofrece todo lo que hemos dicho, el asunto es que nuestros compañeros, nuestros servidores públicos lo estén haciendo de manera correcta; el sistema funciona siempre y cuando, las autoridades, en el ámbito de su competencia, hagan su trabajo”, dijo Ismael Sigala. El sector empresarial también ha manifestado que es necesario que la gente se informe y esté actualizada sobre los cambios que han llegado para quedarse en materia de justicia. La directora de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Maricela Aguilar, ha señalado que es necesario que los ciudadanos conozcan el funcionamiento básico del Nuevo Sistema. “Ahorita el tema principal es que hay mucho desconocimiento, y es comprensible esta confusión por parte de la población porque es un sistema diferente”. Asimismo, Maricela Aguilar hizo hincapié en que el trabajo que realizan los agentes de seguridad es crucial para que las carpetas de investigación estén integradas correctamente. “El éxito o fracaso en un caso va a depender de la capacitación que los policías tengan”, agregó. Por su parte, un experto en la materia, el abogado y activista Arturo Rubio Ruiz, asegura que el Nuevo Sistema explica qué debemos hacer, pero no dice cómo lo tenemos que hacer, y es ahí donde radica el problema. Otra de las situaciones que podría atrasar la consolidación del Nuevo Sistema es que está siendo operado por viejos actores que predominaban en el viejo sistema, al cual se busca enfrentar. “El sistema puede ser perfecto, pero si quien lo maneja no lo conoce, entonces será un fracaso”, declaró Rubio Ruiz. Según el análisis del abogado, la situación que se vive con respecto a las denuncias por el trabajo de los policías es un reflejo de la falta de capacitación. “El procedimiento antes era muy sencillo porque el policía delegaba, entregaba toda la responsabilidad al Ministerio Público y el policía se olvidaba del asunto. Ahora el policía es un agente que se encarga de hacer un trabajo sistemático, lo que le otorga una alta responsabilidad”, expuso. Rubio Ruiz asegura que los agentes no saben cómo y, a su vez, no quieren llevar consigo la responsabilidad de ser el primer respondiente, debido a que deben llenar un formato de 30 hojas aproximadamente. “Los abogados estamos tomando ventaja desde esa postura del policía; tu trabajo es revisar qué errores hizo el policía y promover ante el juzgado la libertad de tu cliente”, enfatizó. Las capacitaciones deben implementarse de forma correcta, no atorar a un grupo de 30 policías en un aula e intentar enseñarles en ocho horas lo que debieron haber visto desde hace ocho años, cuando se publicó, el 18 de junio de 2008, en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional que sienta las bases para el establecimiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Por otra parte, algo que debemos entender como ciudadanos es que tenemos una responsabilidad ineludible con la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, puesto que el cambio de paradigma representa también un cambio de cultura y de conciencia colectiva. Informarnos adecuadamente no es una opción; es una obligación. Más ahora, que las herramientas que tenemos a la mano nos permiten acceder a fuentes fidedignas para informarnos en cuestión de segundos. Aquella frase tan politizada que dice que “el cambio está en uno”, puede que sea real, pero no en el plano ridículo en el que algunos políticos en campaña buscan darle un uso a su conveniencia.

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