• No queremos ni canonjías, ni privilegios, ni prebendas, solo que hagan respetar la ley, dicen

La Paz, Baja California Sur.- En tanto el grupo de abogados de la Alianza de Sitios de Automóviles y Transportes de Alquiler (ASATA), anunció la realización de amparos “para detener el gigantesco avance de empresas del autotransporte en Baja California Sur”, y responder al llamado que hace Latinoamérica para la instauración de la llamada Auditoría Articulada “porque ya es necesario investigar la deshonesta existencia de desviación de los bienes públicos por parte de los funcionarios, porque este país está en llamas, y porque los sudcalifornianos ya debemos actuar con valor, con decisión y coraje para investigar hasta dónde el funcionario público está ejerciendo de manera deshonesta los impuestos”, el dirigente de la organización, Pedro Enrique López, dijo que si es necesario llegar a juicios políticos se tendrá que hacer “en aras de evitar que se siga pisoteando la ley”, denunciando que en todo esto hay empresas fantasmas y monopolio . Al poner al descubierto que la prestación del servicio aquí ha venido cayendo dentro del caos y la anarquía por la nula actuación de las autoridades, el líder de ASATA dijo que esa organización envió ayer un oficio a quienes integran el Consejo del Transporte a fin de que ponga orden, tome cartas en el asunto, “que se haga justicia y que el gobierno ponga personas honestas, porque no queremos más mentiras”, ejemplificando que existe falsedad en la declaración patrimonial que hizo José López Soto en su calidad de titular de la Administración Portuaria Integral (API) donde señala ser representante legal de varias empresas transportistas, “cuando en realidad representa a varias más”, denunció. Por su parte, la abogada Lucía Trasviña Walderrait, tras pronunciarse por participar en el proyecto de Auditoría Articulada, dijo que “la corrupción ha llegado hasta la médula”, razón por la cual atenderá el llamado de ese principio legal el cual permite que la sociedad civil participe aportando elementos técnicos de investigación para abatir la corrupción, “y es lo que estamos haciendo, porque ya estamos hartos y ya basta que en México nos hagan leyes que en la práctica solo sirven para el cesto de la basura, por lo que es necesario investigar hasta dónde el funcionario público esta enajenando de manera deshonesta los bienes públicos, porque los sudcalifornianos debemos actuar con decisión y coraje, para investigar hasta dónde el funcionario público está ejerciendo de manera deshonesta los impuestos, nuestro erario”, dijo. Sobre el mismo particular agregó: “porque ustedes los medios han consignado que existe nepotismo en el Congreso del Estado, que existe desviación de los bienes públicos, que existe enriquecimiento ilícito por parte de muchas autoridades, y nosotros los hemos dejado ser, pero ya basta, porque este país está en llamas y no permitiremos más actos de corrupción y de abuso por parte de las autoridades”. A su vez, y luego de denunciar que “Robles (Jesús Robles González, Director del Transporte Estatal) es un empleado de López Soto”, el también abogado Sergio Salgado, aseguró que en base al derecho que las leyes les asisten han demandado la Dirección del Transporte les proporcione un listado de las concesiones que han otorgado en todo el estado, “y para lograr los objetivos agotaremos todas las instancias y si es necesario llegar jurídicamente a la corte internacional, lo haremos”. Lamentó que en Baja California Sur persista una entrega desmedida de concesiones, de manera irregular y fuera de todo control, “con lo cual solamente están beneficiando a ciertos grupos y donde se pone de manifiesto la corrupción de autoridades, mientras los verdaderos trabajadores del volante sufren las consecuencias”.

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