• Esta ley obligará a todas las instituciones no lucrativas a rendir un informe detallado de la utilización de estos recursos La Paz, Baja California Sur.- De acuerdo con la nueva Ley de Transparencia para Baja Califo
• Esta ley obligará a todas las instituciones no lucrativas a rendir un informe detallado de la utilización de estos recursosLa Paz, Baja California Sur.- De acuerdo con la nueva Ley de Transparencia para Baja California Sur (BCS) las instituciones, organizaciones no gubernamentales y todos aquellos entes privados que reciben dinero público estarán obligados a rendir un informe detallado de la utilización de estos recursos. Maritza Muñoz Vargas, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XIV Legislatura de BCS, detalló que la iniciativa busca que por primera vez los organizaciones civiles, privadas y/o hasta organizaciones de gobierno entreguen un balance de cuánto dinero reciben a través de apoyos o programas públicos para la realización de sus actividades o causas, además de informar cómo es utilizado el recurso. “Se plasma en el nuevo proyecto de iniciativa que toda institución y/u organización civil que tenga recurso público debe generar la información de a dónde va y qué hace con ello”, explicó. Los sujetos obligados a rendir informe de su balance económico, además de los que ya contemplaba la ley son partidos políticos, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, fideicomisos “y cualquier persona que recibe recursos públicos o ejerza poder”. En este sentido, el Centro de Rehabilitación Teletón (CRIT), será uno de los entes obligados a rendir un informe detallado de sus ingresos por concepto de “donaciones” y/o derivados; el Gobierno de BCS entrega al año una aportación de casi 40 millones de millones de pesos derivado del convenio que firmara el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño con la empresa por diez años. Asimismo, Muñoz Vargas precisó que todas las ONG en México perciben partidas públicas para el financiamiento de sus programas y proyecto, por lo tanto ellos también deberán entregar y hacer público el dinero que reciben y cómo lo utilizan. “No estamos hablando de auditar, es de tener la posibilidad de exigirles qué se hace con ese dinero […] en alguno de los casos sus egresos e ingresos y, en alguno de los casos la información básica que marca […] todavía faltan las leyes secundarias […] en BCS muchas de las ONG bajan recursos y aplican proyectos, llámese Cemda, SOS, las pro ambiental […] Cruz Roja”, dijo. En relación al dinero público que recibe la empresa propiedad de Televisa, CRIT BCS, el Gobierno destina más dinero para ellos que para la atención de los pacientes del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) y el propio Instituto Sudcaliforniano de Atención a Personas con Discapacidad (ISAPD). Además de esto, el CRIT BCS no atiende a niños ni jóvenes del CREE que requieran tratamiento, por lo que la autorización que diera hace años el ex gobernador del estado podría derogarse fácilmente con el apoyo del Congreso y destinar esa misma cantidad para las instituciones públicas que operan limitadas por la falta de un recurso robusto.
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