• La Testera no está operando; La Pitalla y Los Cardones son proyectos “en papel”

La Paz, Baja California Sur.- El delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Baja California Sur, Saúl Colín Ortiz, aseguró para Diario El Independiente que los tres proyectos mineros que se encuentran en las inmediaciones de la Reserva de la Biósfera de la Sierra de la Laguna (Los Cardones, San Antonio y La Testera) se encuentran debidamente inspeccionados y sin realizar operaciones a pesar de las denuncias que se han presentado ante la dependencia federal. “En Sierra de la Laguna no hay ninguna actividad minera […] aproximadamente cada 15 días, cada mes estamos, además estamos en acercamientos de información de parte de las empresas, de estar informando a la autoridad de lo que está pasando, nos mantenemos informados de lo que vaya pasando, en ninguno de los casos se está violando la ley, no hay nada, ninguna actividad de minas en estos terrenos”, precisó el delegado. En fechas recientes, el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav) denunció ante Profepa la presunta intromisión de maquinaria pesada para desgajar cerros y abrir caminos que estarían realizando presuntos trabajadores de la empresa Desarrollos Zapal S.A. de C.V., desarrolladores del proyecto minero “Los Cardones”; no obstante, tras una inspección realizada “a los tres días”, en la única coordenada proporcionada por el Frente, se corroboró que los trabajos pertenecen a un banco de materiales pétreos denominado “El Cañón”. “Ningún indicio (de actividad minera) esta semana yo estuve en los terrenos de Desarrollos Zapal, hice un recorrido en todos los terrenos, yo personalmente, y no hay ninguna actividad por parte de la empresa. Está en proyecto, es un proyecto que está en papel […] actividad como tal en la empresa no hay ninguna”, insistió. En el caso de la mina San Antonio, propiedad de la subsidiaria Minera La Pitalla S.A. de C.V., Profepa informa que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue negado por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que el promovente tendrá que agotar todas las instancias legales para poder iniciar actividades. La dependencia federal afirmó que cumplirá su función de verificar que no se inicien actividades sin las atribuciones correspondientes, aunque el delegado indicó que “no ve para cuando” pueda tener cabida el inicio de este proyecto. Por otro lado, el delegado explicó a este matutino que el caso de Mexxim, S.A. de C.V., propietaria de la mina “La Testera”, se atendió mediante una inspección derivada de una denuncia ciudadana por un presunto inicio de operaciones; no obstante, Profepa reitera que dicho proyecto estuvo en operación “en su momento”, pero ahora no tiene ninguna actividad, a pesar de tener una concesión vigente ante la Secretaría de Economía (SE) y a los reportes que se han hecho a través de medios de comunicación. “Se reportó el mes pasado en medios de comunicación que había actividad por parte de Mina La Testera […] hemos corroborado, hemos atendido el asunto y lo único que vieron fue que le dieron mantenimiento a una pluma de control vehicular que controla el acceso al predio, pintaron la pluma y eso fue lo único, esto provocó denuncia, pero no hay ninguna actividad”, explicó. Saúl Colín negó que la delegación de la Profepa en Baja California Sur sea “la más lenta de la república mexicana” en materia de tramitología. El delegado no quiso opinar al respecto de las diferentes acusaciones que ha recibido por parte de activistas y abogados pertenecientes al Freciudav y simplemente manifestó que fueron atendidos “con prontitud, como lo establece la ley” y dijo haber notificado formalmente a los denunciantes sobre la atención que se le dio a la denuncia. En el caso de que algunas de estas minas iniciaran actividades sin autorización, Profepa asegura que actuará y verificará el cumplimiento de la ley, aunque no pudo precisar cuáles serían las sanciones que alcanzarían las empresas, ya que estas dependen de las actividades desarrolladas, la magnitud del daño ambiental y otros aspectos que deben valorarse, por lo que este tipo de información se cuantifica en el momento en que se presentan las irregularidades. Por último el representante estatal de la Profepa explicó que la dependencia considera la denuncia popular como “prioridad”, por lo que trabaja en mantener firme la responsabilidad de atender denuncias ciudadanas, e inclusive cuando éstas mismas sean reiterativas y no arrojen sanciones, las diligencias seguirán inspeccionando cualquier situación que sea enterada a dicha entidad federal.

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