La Paz, Baja California Sur.- Tras haber inaugurado el Centro de Justicia Penal en de esta ciudad capital, el día el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, anunciaba su respaldo y confianza a la Secretaría Ejecutiva del Nuevo Sistema de Justicia Penal para que, “a más tardar”, el día primero de junio, los sudcalifornianos la certeza de estar bajo la protección de este nuevo esquema reformado desde hace casi ocho años por la inoperancia de los métodos anteriormente utilizados. Sin embargo, en sesión extraordinaria de la XIV Legislatura del Congreso del Estado, se aprobó una prórroga hasta el día 17 de junio como fecha límite de cobertura total de este nuevo esquema mediante un decreto “fast track” enviada desde la propia Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal por iniciativa del ejecutivo estatal y con el consenso de las diferentes entidades gubernamentales que conforman este equipo de trabajo. “Es obvio, no hicieron el trabajo que debieron haber hecho los gobiernos anteriores, incluso abarca el gobierno de Narciso Agúndez, les dieron ocho años para actualizar el NSJP y es una pena, es una pena que hoy nos estén forzando a una ampliación de los términos constitucionales a los cuales debe sujetarse el estado, es una vergüenza”, indicó el legislador Amadeo Murillo Aguilar (PRI), quien también intervino en tribuna para mostrar su inconformidad. En aquella ocasión, en que se inauguró el centro de La Paz, la propia María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal a nivel federal, recordó las luchas sociales que tuvieron que darse para dar paso a esta nueva legislación, y aseguró muy confiada, de la mano del gobernador, que la media península cumpliría con los términos que se plantearon “en tiempo y forma”, a pesar de que todavía faltaban otros cinco Centros de Justicia Penal en Loreto, Mulegé y Los Cabos por construir y entregar. En los casos de Comondú y La Paz, el Sistema opera desde el día primero de junio de 2015 y primero de enero de 2016, respectivamente; pero los demás municipios alargar su espera 17 días más, tras la modificación del artículo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, en el que los incisos c y d fueron modificados para permitir que la autoridad tenga “un poco más de tiempo” del que había prometido a la ciudadanía sudcaliforniana. “Si bien es cierto que todo el Estado democrático debe contar con un sistema de justicia penal transparente y garante de los derechos humanos […] se debe contar indudablemente, de manera primordial con operadores capacitados, con la infraestructura adecuada que albergue las salas de audiencia donde se deberá desahogar el procedimiento penal”, indica la exposición de motivos de la mencionada prórroga.

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