CIUDAD DE MÉXICO

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, afirmó que el trabajo legislativo para la mejora del hábitat deber ser sin banderas partidistas, y que los diputados y senadores tienen la facultad para cambiar el entramado de leyes y diseñar los instrumentos necesarios para que los ciudadanos ejerzan su derecho a tener una ciudad digna.

Al atestiguar la toma de protesta de los diputados federales del Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat -a cargo de la senadora priista Ana Lilia Herrera Anzaldo-, dijo que en los trabajos que inician los legisladores deben existir las características de la responsabilidad y capacidad para dotar a los ciudadanos de mejores urbes en las que puedan desarrollarse plenamente.

Ante los integrantes del grupo, se comprometió, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a impulsar el análisis, discusión y aprobación de normas que sean visionarias y eficaces que resultarán de su labor, se indicó en un comunicado. En esta labor intervienen diputados federales de las distintas bancadas que conforman la Comisión de Desarrollo Urbano en el Palacio Legislativo de San Lázaro. El Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat participará en la reunión regional de América Latina, del 18 al 20 de abril en la ciudad de Toluca, Estado de México, y posteriormente, en el mes de octubre de este mismo año en la Cumbre Mundial Hábitat III, en Quito, Ecuador. Esta es una agrupación nacional con vinculación internacional que actúa en coordinación con el Grupo Mundial de Parlamentarios por el Hábitat que tiene como propósito promover la expedición, revisión y actualización de ordenamientos jurídicos que regulen y fortalezcan labores institucionales para la ordenación de los asentamientos humanos sustentables. El coordinador parlamentario del PRI propuso que se integre a la agenda mexicana de Hábitat una serie de temas entre los que destacan garantizar la coordinación intergubernamental en materia de desarrollo urbano, transporte y medio ambiente. También certificar el principio de integralidad en la política ambiental para endosar la coordinación entre órganos administrativos y órdenes de gobierno en la materia, y establecer un equilibro entre las acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático, con acciones adicionales para evitar que las respuestas a esta adecuación puedan agravar la desigualdad social