CIUDAD DE MÉXICO

En un hecho histórico, al tratarse de un militar de alto rango, un juez federal condenó al general del Ejército Mexicano, Manuel de Jesús Moreno Aviña, a 52 años y medio de prisión al comprobarse su responsabilidad en los delitos de tortura, homicidio y destrucción de cadáver, cometidos en agravio del joven José Heriberto Rojas en Chihuahua en julio de 2008.

Además, el juzgador condenó a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) a ofrecer una disculpa pública, aceptar su responsabilidad en el asesinato de Rojas Lemus y garantizar que este tipo de hechos no se repetirán. También ordenó a la dependencia dirigida por Salvador Cienfuegos a efectuar una declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima, a través de medios electrónicos o escritos y brindar la atención médica y psicológica de los servicios sociales y de rehabilitación o tratamientos curativos necesarios para la recuperación de la salud, que hubieren requerido o requieran a quien acredite los derechos sucesorios de la víctima, como consecuencia del delito.

En la resolución, el impartidor de justicia también condenó al inculpado y a la Sedena al pago de la reparación del daño por un monto de 250 mil 470 pesos a favor de quien acredite los derechos sucesorios de la víctima.

Tras las indagatorias, el juzgador acreditó que la víctima fue detenida viva durante las primeras horas del 25 de julio de 2008, por elementos en activo de la Tercera Compañía de Infantería no Encuadrada en una ciudad de Chihuahua; posteriormente, fue llevado a las instalaciones de esa unidad, en donde en ventaja numérica de activos lo ataron y mojaron para aplicarle descargas de energía eléctrica en el cuerpo, con el propósito de obtener información respecto de la muerte de un militar. Lo anterior en presencia de diversos elementos castrenses quienes interrogaban a otros individuos, por orden del hoy sentenciado, mientras otros elementos daban seguridad a la víctima y sus codetenidos, prolongando los actos de tortura aproximadamente a las 9 de la mañana de esa fecha, lo que originó que falleciera a pesar de los primeros auxilios que le fueron proporcionados, a consecuencia muy probablemente de fibrilación ventricular y paro cardiorrespiratorio secundarios a descargas eléctricas. Después, por órdenes directas del general Moreno Aviña, el cadáver de la víctima fue subido a un vehículo y transportado a un rancho en el que fue incinerado de manera clandestina; ello sin hacerlo del conocimiento de la autoridad ministerial correspondiente, aún a sabiendas que los mismos eran constitutivos de varios ilícitos.