• Ante la respuesta de la contralora municipal, de no poder tomar en cuenta sus declaraciones por no ser la persona afectada, el suplente del primer regidor aseguró es posible hacerlo y la exhortó a apegarse a las leyes y evitar caer en negligencia y ejercicio indebido de funciones San José del Cabo, Baja California Sur.- Falso el que sólo el afectado esté facultado para interponer denuncias ante la Contraloría, aseguró a través de un escrito, Antonio Luevanos, suplente del primer regidor del XII Ayuntamiento de Los Cabos y quien hace días interpuso denuncias ante la Contraloría Municipal, la coordinación municipal de Derechos Humanos y el Cabildo, contra el director de Recursos Humanos y el coordinador de la misma área en Cabo San Lucas, por acosar laboralmente a su esposa -trabajadora sindicalizada con más de 25 años en la función pública-.

Exhorta suplente de 1er regidor a Contralora a recapacitar

Lo anterior, luego de que la contralora municipal, María Elena Camacho López, declarara a medios de comunicación, “sabemos que jurídicamente para que surta todos los efectos legales, tiene que ser interpuesta por el afectado para que todos los elementos jurídicos procedan y en tanto no reciba una denuncia directa del afectado, me veo impedida jurídicamente en hacer algo”. Es en este sentido, a través de un escrito enviado a este medio informativo, responde a la contralora que en ningún apartado de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Baja California Sur, dice que solo se aceptan las denuncias de las víctimas, “como le han hecho creer a la contadora pública María Elena Camacho y por ello niega que mi comparecencia y entrevista ante ella posea valor jurídico, arriesgándose a ser responsabilizada por negligencia y ejercicio indebido de funciones”. “Invito respetuosamente a la contralora a cambiar de asesores, confiar en personas de probada honorabilidad y trayectoria, a actuar en contra de los verdaderos criminales que se sirven de la función pública, que los suspenda, investigue y castigue adecuadamente antes de que causen más perjuicio a su buen nombre y reputación ganada en la iniciativa privada, pero que le está resultando insuficiente ante la incompetencia de sus asesores y la voracidad del director de Recursos Humanos, Jesús Humberto Márquez Álvarez y el coordinador, Luis Alberto Villegas Castillo”, expone. Aunado a la denuncia por acoso laboral y abuso de funciones en contra de Márquez Álvarez y Villegas Castillo, Luevanos la amplió a nepotismo en contra del primero, pues advierte en el lugar del que quitó a su esposa, de inmediato colocó a un sobrino suyo, mientras que en el área jurídica y de sistemas, a sus hermanas, lo que calificó como “una clara y descarada violación a la Ley de Responsabilidades Públicos; le solicito el cese inmediato de esos tres nuevos funcionarios contratados por intereses familiares egoístas y en perjuicio de mi esposa en lo particular y de la ciudadanía de Los Cabos, constituyendo este acto en una prueba más del hostigamiento y abuso de autoridad en contra de mi esposa”. Por todo lo anterior, pidió a la contralora Camacho a reinstalar inmediatamente a su esposa en su cargo en la coordinación de Recursos Humanos en Cabo San Lucas, sin menoscabo en sus percepciones; el cese inmediato del hostigamiento y acoso laboral en su contra; el cese inmediato de Jesús Humberto Márquez Álvarez y de su cómplice, Luis Alberto Villegas Castillo; el cese inmediato de todos los familiares de Márquez Álvarez; que inicie una investigación por nepotismo e identifique cuántos y dónde se encuentran laborando los familiares del licenciado Márquez; que inicie una investigación y procedimiento en contra de los funcionarios antes mencionados y en caso de comprobarse sus excesos, nepotismo y abusos en contra del personal, sean cesados e inhabilitados por 6 años en el servicio público. Para finalizar, coloca la postdata, “regresar a mi esposa a su oficina correspondiente, colocándola en una silla ante un escritorio sin equipo de oficina y sin herramientas de cómputo para el ejercicio de sus labores, colocándola en el último eslabón de la cadena de jerarquía, no equivale a restituirle su posición y remediación de la afrenta, por lo que debe de ser reintegrada a la misma posición y rango de la que inmerecidamente fue desterrada y que ella se ganó con su constancia, esfuerzo y excelencia laboral a lo largo de 26 años de trabajo ininterrumpido”.

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