• Conforma a la Reforma de Ley se propone aplicar multas los directores, directoras y en algunos casos, pena de seis meses a dos años de prisión” La Paz, Baja California Sur.- Frente al hecho de que algunos directores y maestros siguen solicitando cuotas para para la admisión a las instituciones educativas, el diputado Alfredo Zamora García, presentó iniciativa de reformas al Artículo 286 del Código Penal, en el sentido de adicionar el párrafo segundo para castigar a los servidores públicos que soliciten cuotas escolares en la entidad y en algunos casos específicos, la aplicación de la pena de seis meses a dos años de prisión.

Congresistas de BCS buscan se sancione a maestros que condicionen el ingreso a la escuela

La iniciativa presentada ayer por el legislador argumenta que el Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa que toda persona tiene derecho a recibir educación, misma que será gratuita, derecho protegido y reconocido a nivel internacional, por diversos pactos y convenciones de los que México forma parte, como el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y culturales, Declaración de los Derechos Humanos, que especifican que la educación debe de ser gratuita. En la exposición de motivos señala el legislador que se busca con esta propuesta, eliminar la discriminación de los estudiantes en su admisión a los planteles de enseñanza en el país y que al aprobar Baja California Sur esta adicción, “verdaderamente garantizará el acceso a la educación de forma gratuita. En consecuencia y para darle cabal cumplimiento a lo que establece la Constitución, se propone adicionar un segundo párrafo al Artículo 286 al Código Penal, para establecer como delito y sancionar con multa a los directores, directoras o quienes cobren cuotas, condicionando así el ingreso o la permanencia de un estudiante. Precisa el legislador que la iniciativa permitirá “el ejercicio pleno del derecho a la educación, con mayor equidad e igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos”. En cuanto a las sanciones, el párrafo que se adiciona dice textualmente: “Tratándose de aquellos casos en los que el servidor público, exija por sí o por interpósita persona, la entrega de alguna contraprestación en especie o efectivo, o de donaciones o cuotas voluntarias en los planteles públicos de educación Básica y Media Superior, como condicionante o requisito para la inscripción, reinscripción, aplicación de exámenes o entrega de evaluaciones o documentos , se le aplicará la pena de seis meses a dos años de prisión”.

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