• Servidores públicos que no reciben castigo ante los actos de corrupción que cometen fueron la pauta para que Baja California Sur se colocara como uno de los estados más impunes, por encima de Jalisco, una de las entidades más grandes y productivas del país
La Paz, Baja California Sur.- El día de ayer miércoles, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), presentó el índice de Impunidad México 2016 (IGI-MEX), en el cual se encontró que el promedio de
Impunidad en México es “muy alto”.
BCS de los estados con mayor impunidad en México
Baja California Sur, a pesar de ser un estado pequeño resultó ser de los estados con mayor impunidad en México por encima de grandes entidades como Jalisco, Sonora, Ciudad de México, Chihuahua y Sinaloa.
El Índice de Impunidad México 2016 fue construido partir de variables estructurales y funcionales como la cifra negra reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Se trata en total de 18 indicadores divididos en sistema de seguridad y sistema de justicia (parte estructural y funcional), y verticalmente la cifra negra.
El estudio muestra que la variación entre entidades federativas es muy reducida. Los estados con un Índice de Impunidad muy alto son: el Estado de México, Guerrero, Baja California, Baja California Sur, Querétaro, Yucatán, Tamaulipas, Quintana Roo, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, Coahuila y Durango.
Los mejor evaluados son Campeche y Nayarit, con niveles inferiores a 50, en tanto que Baja California Sur obtuvo un índice de 70.74
El rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez, urgió a los estados y sus gobernantes a emplear esta información para definir las prioridades de gasto destinado a mejoras las condiciones de seguridad y justicia.
"Es clarísimo lo que tienen que hacer los estados, si resuelven muchos de estos detalles van a resolver la impunidad, y si resuelven la impunidad van a resolver (los problemas de) violencia y corrupción", dijo este martes al presentar el informe.
Derbez abundó que está investigación mide las condiciones que pueden conducir a violencia, inseguridad e impunidad, las cuales han sido desatendidas durante décadas y corregirlas podría llevar entre 15 y 20 años.
Entre las recomendaciones planteadas, está el determinar con una base científica un número óptimo de ministerios públicos en las que la ciudadanía pueda realizar denuncias, y que estás agencias videograben las interacciones con la autoridad para evitar actos de corrupción.
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