SAN DIEGO.

Está en juego nuevamente el alivio migratorio para unos 2 millones 332 mil indocumentados mexicanos ahora que la Suprema Corte de Estados Unidos accedió escuchar los argumentos de la administración del presidente Barack Obama para permitir que millones de migrantes permanezcan y trabajen legalmente en el país.

El máximo tribunal aceptó revisar la orden ejecutiva que permitiría que hasta 5.3 millones de inmigrantes indocumentados “salgan de las sombras” y trabajen legalmente en el país”, informó la propia Suprema Corte.

De acuerdo con cálculos del Centro Hispano Pew, los mexicanos son los más potencialmente beneficiados con la orden de alivio a deportaciones, con 57 por ciento de los migrantes elegibles.

Lo que la suprema hará será revisar las determinaciones de un juez menor del estado de Texas y una corte de apelaciones, la cuarta, que han impedido que se cumpla la orden del mandatario. La orden que giró el Presidente el 20 de noviembre del 2014, beneficia a los jóvenes soñadores, que llegaron pequeños con sus padres al país y crecieron en EU, a los padres de familia indocumentados con hijos menores de edad estadunidenses, y a los migrantes que vivieron por lo menos cinco años consecutivos en el país sin tener antecedentes penales. Adriana Jasso, una dirigente del Comité de Servicios Amigos Americanos en San Diego, explicó que lo que determine la Suprema Corte tendrán que acatarlo cortes menores y los gobernadores de 26 estados que se oponen a la orden ejecutiva. “Es por esa oposición que la orden ejecutiva es hasta ahora una orden, pero le falta que se aplique lo de ejecutiva”, razonó. El proceso de la Suprema Corte podría tomar unos meses y mientras tanto continúan en riesgo de deportación. Deportaciones sin argumento Cuando en noviembre de 2015, Eliuth Leonardo Reichel fue detenido por agentes de migración al circular en su vehículo por las afueras de Phoenix (Arizona), poco imaginaba que dos problemas “menores” de tráfico lo hacían deportable. De acuerdo con una interpretación usada por la Patrulla Fronteriza y la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), era un “extranjero criminal prioritario” (CAP, por sus siglas en inglés), o sea un sinónimo de peligrosidad, anotó el Consejo Estadunidense de Inmigración (AIC). Pero de acuerdo con sus familiares y un texto en el periódico Prensa Hispana de Phoenix, Reichert no tenía en su contra más que dos delitos menores por infracción de tráfico y era a cambio un carpintero casado, residente legal con dos hijos pequeños. Según el AIC, sin embargo, entre dos terceras partes y tres cuartos de las personas “removidas” del interior de Estados Unidos no eran peligrosas ni personas convictas de delito alguno. Con frecuencia los acusadores usan señalamientos según los cuales un extranjero o un residente legal pueden ser deportados por delitos que denotan “bajeza moral”, pero el propio AIC, compuesto por abogados, aseguró que el término no ha sido bien definido.