CIUDAD DE MÉXICO.

Ya con urgencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y “el apoyo de una manera u otra” de todas las fracciones parlamentarias, los sindicatos de trabajadores de la cultura han comenzado a flexibilizar su “total rechazo” a la creación de una Secretaría de Cultura. Profesores e investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) buscaran ahora enmiendas a la Iniciativa de Decreto presentada por el Ejecutivo al Congreso el 8 de septiembre pasado.

Nos da la impresión de que es una iniciativa ya planchada, que se va a legislar al vapor y que todas las fracciones parlamentarias la apoyan de una manera u otra, pensamos que puede ser dictaminada positivamente antes de finalizar el año”, dice María de la Luz Aguilar Rojas, secretaria general de la Delegación de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH.

Los investigadores advierten que su posición sigue siendo totalmente en contra de la iniciativa pero aseguran, “no nos podemos quedar de brazos cruzados” ante la “inminente” aprobación del documento que deberá ser dictaminado antes de tres meses. “Desde el principio, teníamos planteado  un plan A que ya concluyó, un plan B que por la misma iniciativa ya se eliminó, y estamos ahora entrando en el plan C”, dice la profesora investigadora, Aldir González Morelos, integrante del INAH desde 1966. Nosotros dejamos explicito que nos oponemos a la iniciativa por muchísimas razones que hemos manejado a lo largo de estos tres meses pero ante esta avasalladora votación que tendrá a favor, no podemos dejar de intentar que algunos aspectos sean modificados para que no haya tanta gravedad en lo que aquí suceda, para salvar un poco a nuestra institución, al patrimonio cultural y a los derechos de los trabajadores”. Los investigadores trabajaron este fin de semana en un documento que entregaran hoy al presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Taboada, para que sean tomadas en cuenta sus propuestas a la hora de hacer enmiendas a la iniciativa. Los profesores también buscarán que los legisladores, quienes trabajan en el formato de la figura legislativa de conferencia junto con la Comisión de Cultura del Senado de la República, acepten a dos representantes permanentes de los trabajadores en las discusiones que se lleven a cabo para transformar el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) en la secretaría número 18 de la administración pública. El viernes pasado, el titular de la SEP, Aurelio Nuño, acudió a la Cámara de Diputados a “defender” ante los legisladores, la propuesta enviada por el Ejecutivo. Nuño afirmó que la dependencia a su cargo ya no tiene tiempo para atender el vasto escenario cultural mexicano. Junto con él, asistió el presidente del Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa, quien aseguró que los derechos de los trabajadores de las instituciones culturales y las personalidades jurídicas del INAH y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), están aseguradas. Durante el acto ningún partido político expresó abiertamente oposición a la iniciativa del Ejecutivo. “En virtud de que no hubo oposición nosotros consideramos que sí existe mayoría priísta y con sus aliados, pero también con el PAN, pensamos que se harán algunas modificaciones ligeras a la iniciativa. Por eso no nos queda más que pasar a otro plan, en el sentido de hacer modificaciones concretas a la iniciativa”, agregó González Morelos. Las enmiendas que los trabajadores buscan garantizar por parte de los diputados incluyen cuatro ejes principales: la garantía técnica y administrativa del INAH y el INBA como organismos con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sometida al secretario de Cultura; respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y las leyes que reglamentan a ambas instituciones; garantía de que el patrimonio arqueológico, artístico, histórico y paleontológico conservará su utilidad pública, y su interés educativo, social y nacional, así como la vigencia de las condiciones laborales existentes. Los trabajadores buscan que estas garantías sean incluidas en los artículos transitorios de la Iniciativa de Decreto y que no sólo se manifiesten a través de declaraciones: “Si se respetan las leyes y la palabra de los legisladores y de los funcionarios, no tendrían por qué oponerse, porque ellos ya han declarado que los institutos no sufrirán cambios, que el patrimonio no será transformado y que no serán tocados los derechos de los trabajadores, pues garanticémoslo aceptando nuestras propuestas”, afirman.