• Los legisladores del Congreso de BCS aprobaron por mayoría de votos el empréstito solicitado por el ejecutivo estatal el cual, según el propio Mendoza Davis, será invertido el recurso en salud, educación, vivienda, infraestructura deportiva, carretera y cultura, asegura el mandatario estatal • El Estado solo pagará los intereses del crédito y el importe principal será absorbido por el Fideicomiso “Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas” Benedicto Hernández Zepeda La Paz, Baja California Sur.- Por mayoría de votos el Congreso del Estado aprobó ayer que el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas, gestione y contrate con una institución de crédito del sistema financiero mexicano, uno o varios empréstitos hasta por un monto de 676 millones 774 mil 569 pesos, que se destinaran a la inversión productiva en los rubros de: salud, educación,, vivienda, infraestructura deportiva, carretera y cultural, afectadas por el huracán “Odille” en septiembre del año anterior.

El gobierno del estado podrá adquirir un préstamo por de 676 MDP

Se señaló que el empréstito se contratará bajo la modalidad de bono cupón cero, en el cual el Estado sólo pagará los intereses del crédito y el importe principal será absorbido por el Fideicomiso “Fondo de Reconstrucción para entidades Federativas”, mecanismo por el que los estados acceden a financiamiento para la construcción de infraestructura. La Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos, presidida por el diputado Marco Antonio Almendariz Puppo, precisó en el dictamen que la administración estatal “deberá destinar los recursos del o los créditos que contrate, exclusivamente para financiar inversiones públicas productivas, particularmente para realizar obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal acordadas con el Ejecutivo Federal, en el marco de lo dispuesto en las reglas generales del Fondo de Desastres Naturales, para atender y mitigar los daños ocasionados en el Estado por fenómenos hidrometeorológicos ocurridos en 2014, de acuerdo con las obras y acciones autorizadas por el Comité Técnico del Fideicomiso Fonden”. Los legisladores que votaron en contra de: Camilo Torres y Guadalupe Rojas, argumentaron su voto en contra señalando que la documentación del catálogo de obras que se les presentaría “nunca nos llegó”, por lo que precisó que no se sabe en dónde y a quién beneficiarán estos recursos. Guadalupe Rojas explicó que su voto es en contra porque el Gobierno del Estado, al término de 20 años en que se busca contratar el empréstito “los sudcalifornianos terminaremos pagando 511 millones de pesos en intereses, que endeudarán a la presente y futuras generaciones de sudcalifornianos. A favor habló el presidente de la Comisión, Marco Antnio Almendariz Puppo, quien dijo que el préstamo aprobado es para que el Gobierno estatal, aporte el aporte que le corresponde para la reconstrucción de infraestructura en todo el estado que fue afectada por el huracán- Señaló que por las condiciones del Gobierno estatal, es muy difícil cumplir estos compromisos con recursos propios, “por eso se debe de recurrir a este tipo de mecanismos y oportunidades, como la que hoy estamos votando a favor, porque no significa una carga financiera importante para el gobierno de la entidad”. La diputada Maritza Muñoz Vargas, pidió el apoyo de los legisladores para para aprobar el dictamen de autorización y dijo que: “Estoy totalmente convencida, que se fortalecerá el futuro social de nuestro estado y con ello respaldaremos a la gente con mejores obras y servicios que demandan los ciudadanos”. El documento precisa que los créditos podrán formalizarse durante el ejercicio fiscal 2016 o 2017 inclusive y pagarse en el plazo que se acuerde en el contrato de apertura correspondiente que se celebre, “pero en ningún caso podrá exceder de 20 años” y se señala que en rubros como el carretero, requieren de más de 258 millones de pesos, la infraestructura urbana 113, vivienda 92 millones, y el sector educativo 79 millones de pesos, entre los más importantes, además de 3.5 millones para el sector salud, 16 del sector hidráulico, 31 para la cultura estatal 31 y una cantidad similar para el deporte.

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