• Expusieron la importancia de que como representantes de la ciudadanía, vigilen de cerca ambos temas, pues en definitiva podrían afectar el futuro del municipio de Los Cabos Pamela Padilla Soto San José del Cabo, Baja California Sur.- Los regidores de oposición, Jesús Flores Romero y Samir Savín Ruiz, expusieron su compromiso a permanecer atentos a dos temas que pueden afectar al desempeño de la XII Administración: la evaluación de funcionarios y el decreto del Gobierno del Estado para que la recaudación de algunos derechos pasen a manos del estado.

Evaluación de funcionarios

En cuanto a la evaluación de funcionarios, Flores Romero lamentó que los ediles de la bancada panista trabajen bajo ocurrencias al proponer métodos que no están normados, pues no deben trabajar para inventar el hilo negro, sino apegarse a la única instancia certificadora que existe en el estado, que es el Instituto Nacional del Federalismo (INAFED), a través del ITES Los Cabos, la cual además lo hace de manera gratuita. Dijo que a 51 de los 90 días de tiempo que se les dio a los funcionarios que integran el gabinete del XII Ayuntamiento de Los Cabos para dar resultados, no es con ocurrencias como se llevará a cabo una evaluación real, pues no se cuenta con programas, diagnósticos, acciones, reglamentos o manuales, será muy difícil tener parámetros que evaluar y por lo tanto, se estaría incumpliendo con la sociedad. Para tal efecto, manifestó primeramente se debe armonizar la Ley Orgánica Municipal con el Reglamento Interno del Ayuntamiento, para de ahí pasar a la elaboración de manuales y meter todo en un marco jurídico de lo que se tiene que llevar a cabo, además de conocer como cada uno de estos funcionarios recibieron sus dependencias. “Como presidente de la Comisión de Mejora Continua, Modernización Administrativa y Evaluación de la Gestión Pública dentro del Cabildo nos hemos puesto a trabajar en lo que marca esta responsabilidad y en ese sentido tenemos que saber cómo vamos a evaluar el desempeño de estos funcionarios hasta hoy y de acuerdo lo que presentaron los ediles del PAN no se ve en esos manuales la medición que incluya eficacia, eficiencia y calidad y sobre todo resultados para la sociedad que es de los puntos más importantes”, sentenció. Es por lo anterior, que señaló al INAFED como una de las salidas inmediatas para poder llevar a cabo una evaluación en determinadas dependencias que avala la SEGOB en orden de poder evaluar el desempeño de funcionarios y sin cobro alguno, a comparación del intento de los ediles panistas de llevar a cabo una evaluación, cuando no cuentan ni con parámetros, ni con una metodología para hacerla. “Aquí no se trata de inventar, ni de ocurrencias, es lo que las propias instituciones de gobierno nos están diciendo que tenemos que llevar a cabo para ir más allá y como presidente de la comisión solicitaré el apoyo de los ediles del PRD, Encuentro Social, Morena y los del PAN para tener una iniciativa donde normemos la evaluación de cada uno de los funcionarios; en los próximos días habremos de estar platicando con ediles para meter esta iniciativa donde podamos tener ya reglamentada la evaluación”, aseguró. El regidor Flores argumentó que esperará que se cumplan los 90 días para poder mencionar quiénes son los funcionarios que tienen conflictos de intereses, averiguaciones previas y deudas que en conjunto superan los 100 millones de pesos, es decir, una falta total de capacidad para desempeñar las labores que están llevando a cabo, “vamos a esperar esos 30 días para dar a conocer más detalladamente con nombre precisión y todas cifras”. Por su parte, Savín Ruiz calificó de inconcebible la iniciativa del gobernador, ya aprobada por el Congreso y que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2016, para que los derechos que se recaudan en los municipios del estado por conceptos de Registro Civil, Registro Público de la Propiedad y el Comercio y las actividades relacionadas con el Registro Vehicular como es el padrón, cambio de propietario, motor, carrocería y corrección de datos, baja de vehículos, la dotación y/o reposición de placas de identificación del servicio del control vehicular, la expedición de la revista electromecánica anual, permisos provisionales de circulación, reporte de extravío de placas, baja de placas, revisión por reposición de tarjeta de circulación, expedición de licencias de manejo, permisos provisionales para jóvenes menores de edad y reposición por extravío de la licencia, pasen a manos del estado. Recordó que el argumento es que Baja California Sur se encuentra en el último nivel de recaudación estatal, lo que no permite según las fórmulas de la Ley de Coordinación Fiscal, obtener una mayor participación en la proporcionalidad de los recursos del Ramo 28. “Al respecto les digo que estos derechos que se recaudan representan un porcentaje de casi el 28 por ciento de manera mensual de los ingresos captados por el municipio y con el que se realizan obras y gasto corriente y de llevárselos al estado sucederán dos cosas, o será muy lenta la recuperación de los mismos o no llegarán de regreso y se utilizarán en otras actividades del orden estatal, como el pago de la nómina de otros municipios, perjudicando así a los ciudadanos cabeños, por el simple hecho de que esos recursos ya no tendrán aplicación directa en el municipio de Los Cabos; si es necesario tocar puertas ante el Congreso, así lo haremos estaremos pendientes”, aseveró. Esperó que para tal decreto, se generen los instrumentos jurídicos para que esos recursos regresen al municipio de Los Cabos, donde se generaron y donde deben aplicarse para poder verlos traducidos en obras públicas y mejores condiciones de iluminación, de la recolección de residuos sólidos urbanos, mejor seguridad pública, distribución del agua potable, pues con ellos se sostiene el gasto corriente del XII ayuntamiento y las siguientes administraciones. “El dictamen que presenta el congreso del estado local es muy vago y vacío, carece de fundamentación y sobre todo de estadística, carece de las causas más que nada que van a originar esa retroactividad de manera íntegra y en ningún momento señala las consecuencias que como ciudadanos tendremos en la fuerte merma que habrá en los servicios públicos”, subrayó el regidor Savín. [gallery columns="2" size="full" ids="49887,49888"]

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