• El Ayuntamiento de La Paz inició juicio político en contra de ex regidores, mayormente del PRI Giovanny Carlos Díaz La Paz, Baja California Sur.- Luego de que el 27 de octubre la síndico municipal del Ayuntamiento de La Paz, Rosa Evelia Solorio Ramírez, interpusiera una Denuncia de Juicio Político contra el ex alcalde Francisco Javier Monroy Sánchez y su cabildo, la mayoría de este del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado tricolor Joel Vargas Aguiar se pronunció en la tribuna legislativa para desdeñar dicha acusación y solicitar en cambio “deslindar responsabilidades” en el resto de los municipios, así como en el Gobierno del Estado.

Que la ley sea justa, no sólo contra ex regidores de La Paz

“Nos pronunciamos porque se finquen responsabilidades a los servidores públicos de la administración pública municipal de La Paz del 2011 al 2015 que incurrieron en irregularidades y excesos durante el ejercicio de su encargo en términos de ley, pero también de Los Cabos, pero también de Comondú, pero también de Loreto y de Mulegé y, por supuesto, del Gobierno del Estado […], que el que la haga la pague”. Como motivos para repudiar el juicio político, aunque no el deslinde de culpas, el legislador observó que en la denuncia se ve involucrado Marco Antonio Núñez Rosas, entonces secretario general, pero aseguró que la Constitución de Baja California Sur (BCS), “en tratándose de juicios políticos, en ningún renglón […] habla de que el secretario general del Ayuntamiento es un servidor público sujeto a un juicio político”. Asimismo, el diputado anotó que los ex regidores Ana Luisa Yuen Santana, del PRI, y Pilar Eduardo Carballo Ruiz, del Partido de Renovación Sudcaliforniana (PRS), a pesar de hallarse en el listado de inculpados, no estuvieron presentes el día que el cuerpo edilicio aprobó el uso de suelo al proyecto minero Los Cardones en la Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna, motivo fundamental del inicio del juicio. Por último, Vargas Aguiar recordó que el 28 septiembre el XV Ayuntamiento de La Paz, regido por el Partido Acción Nacional (PAN), revocó la autorización del XIV Ayuntamiento, por lo tanto “no existe” tal aprobación, dijo, así que “si un acto jurídico no existe, ¿cómo entonces vamos a iniciar un juicio político respecto de eso?”, preguntó. “No pretendemos defender ni mucho menos proteger a quienes no obstante el clamor ciudadano tomaron una decisión que no correspondía, […] estamos en desacuerdo total en que ese cabildo haya autorizado el cambio de uso de suelo, […] estamos en contra de la minería tóxica en Baja California Sur. […] Que se defiendan ellos solos de sus actos”, dijo Joel Vargas Aguiar, “que se castiguen”, insistió, “pero que predomine el estado de derecho”.

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