• Aunque son "desordenes leves", las cuentas públicas de estos organismos descentralizados fueron rechazadas por el Congreso de BCS Giovanny Carlos La Paz, Baja California Sur.- El diputado del Partido del Trabajo (PT) de la XIV Legislatura del Congreso de Baja California Sur, Camilo Torres Mejía, aseguró que existen “deficiencias administrativas” en órganos descentralizados y en los ayuntamientos del estado. Esto último, debido a la falta de tecnología de contabilidad, la falta de documentación en los expedientes y errores humanos al momento de reportar egresos de recurso público.

Desorden administrativo en CEDH y OOMSAPA de La Paz y Loreto

Estos señalamientos se dan debido a que las cuentas públicas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) fueron rechazadas por el Congreso del Estado en su ejercicio fiscal 2014 debido a más de 80 irregularidades “chicas”. Algunas de las que se mencionan son la falta de algunos documentos en trámites, como pago de finiquitos, y el vencimiento de la vigencia de facturas recibidas. “Falta algún papel o dos papeles, por eso se nos hacen en su conjunto, yo debía saber si realmente las personas recibieron su finiquito, […] más bien se trata de deficiencias administrativas, […] para estar bien te piden un chorro de información, que solamente si tuvieras un programa (informático) que te pudiera dar […] toda una serie de informes conforme lo vayas alimentando”, consideró el diputado. Por otra parte, el diputado señaló el mismo problema como la causa de la desaprobación de cuentas en dependencias como el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) en los municipios de La Paz y Loreto, donde considera padecen de un importante desorden administrativo. Por último, el legislador señaló que no existe un plazo definido para solventar todas las irregularidades de los ejercicios fiscales en dichos órganos descentralizados, pero reiteró que la incorporación de tecnología administrativa en dependencias de gobierno, aunada a reportes de cumplimiento de planes y programas, podría apoyar a dichas entidades a corroborar sus finanzas y cumplir con la ley. “Los programas no sólo son dinero; cómo se aplicaron, si se aplicaron bien, si la obra está bien hecha, con calidad, esa sería una fiscalización completa. […] Los municipios no cuentan con los programas computacionales ni con una serie de elementos que les permitan hacer bien su trabajo. […] Tenemos que ordenar todo esto para que no metamos en problemas […] lo que se hace de buena fe, y que, por otro lado, podamos detectar claramente cuando hay desvíos de dinero”, finalizó Camilo Torres Mejía.

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