• El fraude cometido por exregidores y exfuncionarios de la administración de Esthela asciende a casi los dos millones 365 mil pesos, cantidad suficiente para subsanar las necesidades de equipamiento personal de seguridad de los bomberos, cifra que ronda en los dos millones 250 mil pesos. Gilberto Santisteban Flores La Paz, Baja California Sur.- El alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega ha destapado la cloaca y ha revelado los tratos y corruptelas que se dieron durante las administraciones de Esthela Ponce Beltrán y de Ignacio Monroy, en las que exregidores y exfuncionarios se adjudicaron permisos de alcohol.

Fraude que cometieron los ex regidores

Durante la administración de Esthela Ponce Beltrán, las corporaciones de seguridad vivieron una época oscura, en la que las carencias y las negativas para equipamiento eran una constante, bajo la excusa de que no existía recurso. Si los exregidores y exfuncionarios no hubieran incurrido en el fraude que, según las autoridades de la administración actual, cometieron, y hubiesen pagado cada una de las licencias que se regalaron, algunas instancias contarían con el equipamiento necesario para llevar a cabo su labor. Por ejemplo, el Heroico Cuerpo de Bomberos pudiera haber accedido a comprar el equipo de seguridad personal necesario para cada uno de los agentes, el cual está valuado en 45 mil pesos aproximadamente. El fraude por parte de los ex funcionarios y ex regidores asciende a los dos millones 365 mil pesos aproximadamente, cantidad con la que los elementos del Cuerpo de Bomberos pudieron haber accedido a conseguir el equipamiento adecuado para combate de incendios que tanto necesitan. Según el comandante de la instancia, Raúl Sánchez Castro, cada equipo cuesta alrededor de los 45 mil pesos, por lo que para abastecer a los 30 elementos de base que tiene la corporación se requiere de un millón 350 mil de pesos. Asimismo, la instancia cuenta con 20 bomberos voluntarios, quienes a pesar de no ser de base, arriesgan su vida en la defensa y protección de la ciudadanía, por lo que necesitan el traje protector y la máscara de aire para control de incendios. Para equipar a los 20 bomberos voluntarios se necesitan otros 900 mil pesos, lo que da un toral de dos millones 250 mil pesos requeridos para la instancia, los cuales hubiesen sido cubiertos perfectamente si los exregidores y los exfuncionarios hubiesen pagado sus licencias de alcoholes como lo marca la ley. Incluso sobrarían cerca de cien mil pesos, los cuales servirían para darle una “manita de gato” al inmueble donde trabajan. Pretextos sobran, lo cierto es que durante la administración de Esthela Ponce los elementos de las corporaciones de seguridad vivieron una época oscura de carencias, en la que siempre les indicaron que no había presupuesto para atenderlas como se debía. Sin embargo, basta un escueto y simple análisis de que no se trataba sólo de dinero, sino del nivel de corrupción con el que se movieron nuestras, por fortuna, antiguas autoridades.

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