• El Independiente sostuvo una charla con tres personas que les preocupa: un homosexual, una lesbiana y una chica heterosexual Carlos Ibarra Meza La Paz, Baja California Sur (BCS). Fernanda Varela tiene 22 años de edad. Ella es una estudiante heterosexual de la Licenciatura de Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), se encuentra sentada junto al catedrático Rubén Olachea Pérez, y a la activista del movimiento lésbico Alma Oceguera Rodríguez, para hablar de una cosa: los derechos humanos de la comunidad LGTTBI de Baja California Sur.

Califican Ciudadanos como “Ridícula” la campaña de la Familia Natural

En una charla entre los tres personajes que, por momentos, se asemejaba a una mesa de discusión, porque forma parte de la evolución social de la entidad. Fernanda ve con preocupación la campaña que emprendió el Frente Ciudadano por la Familia Natural en cabezado por Eduardo de la Mora, porque no está de acuerdo en la manera que se hace. Desde pequeña ella fue cercana a integrantes de la Comunidad LGTTBI, pues sus padres tienen varios amigos, y creció con ellos. Desde los seis años que llegó a La Paz. Siempre vio un avance en el tema en la región, por ello, le extraña la estrategia publicitaria contra el derecho a casarse ante las leyes mexicanas de las personas del mismo sexo. Fernanda ve con preocupación la división que genera con alguno de sus compañeros de clases, la táctica emprendida por empresarios cercanos a diferentes religiones cristianas. El profesor investigador de la UABCS, Rubén Olachea Pérez, con el afán de acabar con el tabú que gira en torno a la homosexualidad, habló de su vida. Desde los seis años él ya sabía que era gay, y su “familia fue naturalmente inteligente” para aceptarlo. “Hay gays que no nos urge casarnos, pero saludamos con gusto que se obtengan derechos a las personas del mismo sexo”, resaltó. Para Rubén la campaña de la Familia Natural es fallida. “Es una pena que el dinero no sea para ayudar a las necesidades; a lo gays no nos afectan, se nos resbala esa campaña “panochera”, y ridícula”. Para el académico lo importante y natural es amar y tolerar. “Yo provengo de una ´Familia Natural´”, declara con ironía. La única forma de terminar con la ignorancia de la gente, la única manera es leyendo y dejar de escuchar programas basuras de la televisión abierta. “Somos ciudadanos”, asevera; pero los impulsores de la campaña son “personas con doble moral”. Alma Oceguera Rodríguez, representante de la organización Por la dignidad, la igualdad y la no discriminación en Baja California Sur, coincidió con los dos entrevistados anteriores. Ella comentó la sensibilidad de fomentar la cultura de los derechos humanos, en una sociedad patriarcal que “se sustenta en relaciones de poderes que generan desigualdad”. El control de la libertad sexual, dijo, es una de la finalidad de la campaña. La calificó de “acientífica, fundamentalista, con visión religiosa y retrograda”. “Estamos en desacuerdo en que la libertad de expresión de una campaña como esta, esté motivando a los grupos más jóvenes a que se repriman, se crea una sociedad más represiva que va en contra de lo que pretende una sociedad”, explicó Alma. Por tal motivo, criticó que la Ley Estatal para prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Baja California Sur se encuentre en “estado vegetativo”. “Esta campaña orquestada por ese Frente es éticamente nociva, se atreve a decir que es incluyente porque también nos convoca a unirnos, me pregunto ¿a qué nos convoca un frente que invita a desacatar las leyes?, ¿a convertirnos en heterosexuales?, ¿a renunciar a nuestros derechos?, ¿a renunciar a nuestra identidad de género y orientación sexual? Es ofensivo”, añadió. Y agregó: “Es como si yo como lesbiana me dirigiera a la población heterosexual e invirtiera el mensaje y afirmara que el modelo lesbomaternal y homoparental es el mejor modelo y el ideal, que se integraran a esta forma de vida y en todos los carteles me refiriera a las familias heterosexuales y las quisiera responsabilizar de todo lo que las incapacidades, corrupción e impunidad de nuestras autoridades ha provocado”. “Todas las personas somos iguales ante la ley, lo que significa que tenemos los mismos derechos. Enfatizo, somos personas y el Estado mexicano tiene obligación de promover, defender, respetar y garantizar nuestros derechos. Y para ello, existe algo que se llama políticas públicas de prevención y eliminación de la discriminación que desde el 2006 que se aprobó la ley estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en BCS, todas las administraciones han incumplido totalmente”, reiteró. “Personalmente, me preocupa que en nuestra propia entidad, se promueva el desalojo de la integración social a través de esos mensajes que nos repudian y señalan. La corte ya falló y demandó armonización legislativa en el cuerpo normativo de BCS”, sentenció.

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