• Por lo que dicen son actos de omisión e incumplimiento del deber legal es como ante un juez se interpuso una demanda en contra del actual gobierno de Los Cabos, demanda que recae en la figura del representante legal Oswaldo Murillo Brenda Yáñez Cabo San Lucas, Baja California Sur.- Todo comenzó a raíz de la polémica y descontento social que el proyecto conceptual de un nuevo tramo carretero en el corredor turístico de Los Cabos despertó en la comunidad hace casi 3 meses.

Juicio Político al XI Ayuntamiento de Los Cabos

Durante este tiempo el ciudadano Juan Manuel Urquidez Rangel comenzó la revisión de documentos sobre diversos proyectos de desarrollo que se han llevado en Los Cabos, lo que generó que se diera cuenta de supuestos actos de omisión que administraciones pasadas dejaron al actual XI Ayuntamiento de Los Cabos que no logró solucionar. “A partir de la información que surgió desde hace tres meses de los accesos a las playas ahí nos empezamos a dar cuenta como en San José del Cabo permaneció cerrado por más de 30 días la playa en la comunidad de lo que ahora se conoce como puerto Los Cabos, eso me generó molestia y llega a mis manos documentación del Acuerdo 378 noveno 2007, investigamos y nos dimos cuenta que los accesos a las playas no deben de limitarse, se supone que debemos tener estacionamiento”. Urquidez Rangel manifestó que en la revisión que hizo se percató que los acueductos provenientes desde San José del Cabo y que proporcionan agua para Cabo San Lucas, salen con 100% de su capacidad de agua, pero al puerto solo llega el 15% del líquido, es por tal motivo que todo parece indicar que actual gobierno está llevando a cabo actos de omisión, por no llamarlos de corrupción. “También nos enteramos que los acueductos salen con el 100% de metros cúbicos de agua y llegan con un 15% de los mismos, en la misma información pública que ha salido en los medios, me percato que los dos acueductos que tiene San José del Cabo para abastecer de agua a Cabo San Lucas está dentro de los desarrollos turísticos obviamente eso me preocupó, me di cuenta de que había actos de omisión, no puedo decir que haya actos de corrupción”. Este descubrimiento por parte del ciudadano Juan Manuel Urquidez Rangel lo llevó a tomar la decisión de interponer una denuncia en contra del representante legal del ayuntamiento, Oswaldo Murillo. “Interpuse la denuncia como ciudadano en contra del representante legal por los daños ocasionados por la mala aplicación de los recursos que tenemos como ciudadanos. La demanda en específico es una demanda por omisión y por incumplimiento de un deber legal, en contra del contador público Oswaldo Murillo”. Arturo Rubio Ruiz, abogado litigante y representante de “Legalidad y Transparencia sudcaliforniana” explicó que estas omisiones por parte de las autoridades municipales no protegen los derechos de los ciudadanos. “Derivado de diversas omisiones que se han ido acumulando a lo largo del ejercicio del municipio, se llegó a la conclusión de que era importante ponerle un alto a la constante desatención de las autoridades a los pactos, convenios y compromisos, muchos de ellos dentro del marco de la ley para proteger los derechos de los ciudadanos”. Expresó como acudieron ante el Congreso del Estado a interponer una denuncia de juicio político en contra del síndico del municipio de Los Cabos, misma que ya fue ratificada y están a la espera de la sesión secreta por parte de la comisión de Puntos Constitucionales para saber si procede o no. “Por ese motivo un grupo de ciudadanos denuncia de juicio político ante el Congreso del Estado en contra del representante legal del ayuntamiento, por las diversas violaciones. Ya se admitió la denuncia de juicio político, ya fue ratificada, estamos esperando que la comisión de Puntos Constitucionales del congreso cite a la sesión secreta para determinar sobre la procedencia o improcedencia de la denuncia de juicio político”. El abogado explicó que la denuncia es en contra del ayuntamiento de Los Cabos, pero esta a su vez tiene que ser dirigida en contra del representante legal, el contador público Oswaldo Murillo y expresó que en efecto todo surge ante la inquietud ciudadana por el nuevo tramo carretero, ya que al buscar antecedentes para impedir que el proyecto se lleve a cabo se toparon con irregularidades del actual gobierno. “La denuncia es contra el ayuntamiento de Los Cabos, se endereza en contra de su representante legal (Oswaldo Murillo) pero los actos y las responsabilidades corresponden al ayuntamiento. Derivado de la lucha ciudadana en contra del nuevo tramo carretero que se pretende construir se hizo una búsqueda de antecedentes y esa búsqueda de antecedentes encontró una serie de irregularidades que motivaron esta denuncia”. Si bien, muchas de los acuerdos que no se han cumplido se generaron en otras administraciones, la omisión por hacerlos cumplir es del actual gobierno municipal, por eso demandan a este ayuntamiento próximo a salir. “Los acuerdos son anteriores, pero la omisión es actual, una vez que tu tomas el cargo te comprometes a cumplir la ley y hacerla cumplir y si hay omisiones que dejó la anterior administración son tuyas, tu heredas el ayuntamiento, heredas los compromisos y obligaciones”.

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