• Los Cabos es el destino turístico de mayor éxito en Baja California Sur

Carlos Ibarra Meza

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). La Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó datos del “Diagnóstico nacional sobre la situación de la trata de personas en México”, en el que catalogan a Los Cabos como unas de las 20 zonas con más incidencia.

El desarrollo del trabajo tuvo una duración de 15 meses concentrado en la Ciudad de México, pero con desplazamientos regulares por toda la república mexicana.

De acuerdo con la información recolectada, las ciudades que más resalta por éste delito son: Tijuana y Mexicali, Baja California; Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Acapulco, Guerrero, y Cancún, Quintana Roo.

Se encuentran más debajo de la lista: Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas; Tapachula, Chiapas; Puerto Vallarta, Jalisco; y Los Cabos, Baja California Sur; así como el Distrito Federal, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

El documento analiza la situación legislativa en cuestión de trata de personas. En México entró en vigor la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (LPSTP), pero el 14 de julio de 2012 fue cambiada por la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, pero sólo siete estados cumplen en sancionar; Baja California Sur no se encuentra entre ellas.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa nacional para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos 2014-2018. La finalidad era cumplir con las normas adquiridas a nivel internacional.

“La trata de personas constituye un delito especialmente grave. En la actualidad es interpretada como una de las peores formas de explotación y su conceptualización se ha transformado a través de los años. Sin embargo, siempre ha estado ligada a vulnerar los derechos humanos de las víctimas a través del engaño, sometimiento, coacción, abuso de poder, intimidación o amenaza, incluso en contra de su voluntad o viciando su consentimiento, equiparando, además, la condición de las personas a la de un objeto, medio del que se aprovecha el tratante para obtener beneficios ilícitos”, expresa el documento presentado por el DOF.

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