• Su gobierno fue acusado de peculado por la retención del pago de 8 millones de pesos de los trabajadores, mismos que no entregó a la empresa financiera “Dinero Fácil y Rápido” • Este sábado, EPB tomaría protesta como diputada federal, ahora está en riesgo Aracely Hernández Flores La Paz, Baja California Sur.- Como consecuencia del desastroso manejo financiero del actual Ayuntamiento de La Paz, la institución ha sido demandada por el delito de peculado, por el adeudo de más de 8 millones de pesos, producto de préstamos que la empresa realizó a burócratas del municipio desde 2012 y que a pesar de haberse descontado a los trabajadores, los recursos no fueron pagados a la financiera; esto pone en riesgo la Diputación Federal de Esthela Ponce Beltrán, ya que también fue denunciada penalmente por peculado ante el Agente del Ministerio Público Especializado por la financiera “Dinero Fácil y Rápido” S.A. de C.V.

Demandan a Esthela Ponce y al Ayto de La Paz

La empresa financiera informó que el pasado 24 de agosto del año en curso presentó una denuncia formal en contra del Ayuntamiento de La Paz por el delito de peculado por más de 8 millones de pesos que debe a dicha empresa financiera, producto de préstamos que ésta le realizó a burócratas del municipio desde 2012. Eduardo René Payén Padilla, representante de la empresa afectada, informó que presentó dicha denuncia ante la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, la cual tiene la averiguación previa LPZ/056/SPB/2015 en la que refiere que es “en contra de servidores públicos del Ayuntamiento de La Paz” y solicitó “se cite a las personas que a juicio de esta Agencia del Ministerio Público, le resulte declaración, de parte del H. Ayuntamiento de La Paz”. De acuerdo a las pruebas que presentó la empresa establece que se había firmado un convenio de colaboración entre la empresa financiera y el Ayuntamiento en abril de 2012, en la cual la primera podría realizar préstamos personales a los empleados del municipio con compromiso de pago por medio de retenciones en su nómina. El monto total que “Dinero Fácil” no ha podido cobrar y que el Ayuntamiento de La Paz ya retuvo a sus empleados asciende a 8 millones 048 mil 550.60 pesos —hasta febrero de 2015— recurso que se quedó en las arcas municipales. El Gobierno Municipal —en ese entonces encabezado por Esthela Ponce Beltrán, a quien suple desde el 10 de marzo de este año, Francisco Monroy Sánchez— descontaba a los trabajadores lo correspondiente a su préstamo con el compromiso de que ellos, en calidad de depositarios, pagarían puntualmente a “Dinero Fácil y Rápido”; el descuento a los trabajadores sí lo realizaron vía nómina, pero el depósito a la empresa no se realizó, comenzando con los retrasos desde julio de 2012. Advierte, que “Dinero Fácil y Rápido” negoció desde 2012 y 2013 para que se les regularizara la entrega del dinero, pero sólo se realizaron pagos parciales durante quincenas salteadas; las gestiones para estas negociaciones se hicieron ante el Tesorero, Oficial Mayor y Presidente Municipal, entre otros. Incluso, a inicios del 2014, el Ayuntamiento ofreció pagar con un terreno del fraccionamiento Fidepaz, en La Paz, el dinero en deuda, ya que no contaba con el capital para cubrirla; los socios de la financiera comenzaron a realizar un proyecto sobre el terreno, pero tras dos meses en que no se les entregó formalmente un documento, se investigó y se descubrió que el Ayuntamiento ya había realizado la venta de dicho terreno a un tercero; y además aún no tenía forma de realizar el pago de la deuda. Asunto que se estuvo tratando durante el 2014 sin llegar a ningún acuerdo, y desde febrero del 2015 se volvió a realizar una negociación que fue —nuevamente– incumplida. Por todo lo anterior —y en base al Artículo 285 del Código Penal vigente—, se acusa de peculado a quienes pudieran haber hecho un desvío de estos recursos con que el Gobierno Municipal se quedó y no le fue devuelto a la financiera. Derivado del conflicto, “Dinero Fácil y Rápido” se vio obligada a proceder judicialmente contra el Ayuntamiento de La Paz. Se destaca, que derivado de las modificaciones en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, si se llega a demostrar el desvío de recursos por parte de un funcionario como el Presidente Municipal —en este caso de La Paz, y probablemente en la figura de Esthela Ponce Beltrán— se puede proceder a un juicio de procedencia y quitarle lo que antes se denominaba como “fuero”, ahora “inamovilidad del funcionario”. Es decir, que es posible que incluso Ponce Beltrán —quien rendirá protesta este sábado como Diputada Federal— u otras autoridades municipales, puedan ir a la cárcel para enfrentar un proceso de este tipo.

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