• Aseguran estar a favor del desarrollo, siempre y cuando cumpla con la ley y respete los intereses ciudadanos, principalmente enfocados al libre acceso a las playas y el derecho a las vistas

Pamela Padilla Soto

San José del Cabo, Baja California Sur.- Con la intención de unirse a exponer los motivos por los cuales el proyecto Zona Dorada, que pretende modificar el trazo carretero kilómetros arriba de la carretera actual, atenta contra el derecho ciudadano, el disfrute de las vistas, el libre acceso a las playas y el mismo PDU, asociaciones civiles, colegios y ciudadanos organizados, ofrecieron una rueda de prensa previa al encuentro que por la tarde sostendrían con el alcalde y los integrantes de la Comisión de Planeación.

Proyecto Zona Dorada

Si bien aclararon, no estar en contra del desarrollo, ni ser enemigos de los desarrolladores, todos se manifestaron en contra el proyecto conceptual que se presentó la semana pasada en el desayuno del Grupo Madrugadores de Los Cabos, pues como está, privatizará el tramo antes mencionado, el cual aseveraron, es propiedad de la ciudadanía y sin el consentimiento de la misma, no pueden restringir continúe siendo una carretera costera que todos puedan disfrutar.

Carlos Moreno, presidente del Colegio de Arquitectos de Los Cabos, hizo énfasis en que no están de acuerdo en la propuesta de Zona Dorada, en el sentido de que privatiza o secciona la carretera actual, la cual debe formar parte integral en el esquema de tres vialidades que conforma la estructura vial planteada en el Plan de Desarrollo Urbano (PDU).

“Bajo ese precepto, la propuesta que nos dieron a conocer la semana pasada, sentimos que otra vez en la parte de la propiedad El Dorado, interrumpe de manera continua y definitiva 1.5 kilómetros la continuidad de la carretera actual y en otros tramos donde se va a desarrollar el proyecto, ese es uno de los comentarios que hicimos a los desarrolladores cuando nos abordaron hace un año y sigue siendo el punto de desacuerdo hacer vías adicionales a las que contamos, que serán bienvenidas para desahogar el tráfico en el corredor turístico, el cual se debe respetar, pero finalmente no se está cumpliendo en el sentido de mantener la continuidad para trasladarse desde el Westin hasta el Tule y el boulevard propuesto es prácticamente la tercera parte de sección que la que se planea actualmente en el PDU”, puntualizó.

En lo correspondiente al único punto de conexión que habrá en dicho tramo y la actual carretera, advirtió lo más sano sería trabajar juntos y buscar una solución para no sólo bajar el ruido y tráfico a la zona, sino la peligrosidad, siempre y cuando sea manteniéndola en donde está y en beneficio de la comunidad.

La participación la secundó Heriberto Anaya, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Los Cabos, quien aseguró que el alto índice de accidentes, que mencionaban los desarrolladores se reducirá con este nuevo trazo, en su momento pudo haberse evitado si hubieran construido pasos a desnivel como lo hizo Palmilla y Cabo del Sol.

“Al quitar 7 kilómetros de carretera costera, las soluciones que dan son un laberinto para entrar a la playa y de todos es sabido lo difícil que es llegar a la playa cuando los desarrollos ponen guardias o plumas; el proyecto actual está tan rebuscado que el transporte urbano tendría que ir por la nueva carretera y bajar en cada uno de los hoteles, imagínense qué impráctico, eso no puede ser, todo se carga a favor de los desarrolladores, ellos ganarían 5 millones de metros cuadrados de área, es decir, alrededor de mil millones de dólares de utilidad y nosotros como ciudadanos recibimos que nos retiren a las playas, tener obstáculos para poder llegar y nos eliminan nuestro paisaje, no creemos que sea la solución, podemos sentarnos con ellos y llegar a una solución válida para todos, equilibrada, porque está todo cargado a los desarrolladores y no puede ir por ahí”, sentenció.

El ingeniero Anaya destacó el hecho de que el proyecto parezca la crónica de una muerte anunciada, luego de que los desarrolladores declararan tener prácticamente casi dada la aprobación por parte del Cabildo, cuando el proyecto de dictamen no ha sido consultado por el Implan o la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano y no da una solución a lo que la sociedad quiere, que es el respeto a sus derechos, como es el acceso a las playas.

Al respecto, Blanca Pedrin, presidenta de la Asociación Civil Añuití, enfatizó el hecho de que de 24 accesos a las playas con los que se contaba, ya tan sólo existan 8, algunos de los que ni siquiera cuentan con entradas o estacionamientos para la población, que lo que quiere son espacios creados para su disfrute y con todos los servicios como en Palmilla, Chileno o Santa María.

“Quiero hacer énfasis en que lo que estamos pidiendo es que esa carretera no se privatice, no se de una permuta, no se done y no se venda, ese es el punto neurálgico, que pedimos que continúe siendo esa carretera costera, que se convierta en un boulevard que todos podamos disfrutar; no estamos en contra del desarrollo quiero decirlo puntualmente, están en derecho de hacer su carretera vía rápida, siempre y cuando no nos afecten a los ciudadanos, les pedimos que sean respetuosos, pues el desarrollo debe ir de la mano de un equilibrio para los ciudadanos de Los Cabos, no se puede restringir a la sociedad que tiene derechos a esos privilegios, queremos buscar el cómo sí podemos llegar a esos acuerdos”, sostuvo.

Georgina Hernández, presidenta de la Asociación Civil Equide, lamentó que desde hace más de 10 años se hayan venido gestando este tipo de desarrollos en Los Cabos, que a todas luces, han venido saltándose la ley, sobrepasando el bien común y arrancando la identidad de los cabeños bajo la justificación de ser de primer mundo.

“En el 2006 se modificó la Ley de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente para darle al paisaje utilidad pública sustentado en tres grandes acuerdos internacionales, que al paisaje le dan un derecho humano fundamental, por arriba de muchos otros ordenamientos y en Baja California Sur se reformó también para darle al paisaje este carácter de utilidad pública que va por arriba de cualquier desarrollo que no va destinado a cumplir con lo que la ley dice, se ha venido construyendo sin respetar nuestras leyes, esto para mí es gravísimo, porque ahora el desarrollador que pretende mover la carretera oferta, el paisaje ya está perdido, nosotros les vamos a construir una carretera panorámica para que puedan ver el mar, esto me parece absurdo y una falta de respeto a nuestra identidad como cabeños y personas que han venido a habitar por acá, con los mismos derechos que tenemos”, expuso.

Por su parte, Mónica Espinosa Castelán, presidente interino de SOS, destacó el hecho de que el proyecto Zona Dorada no ha pasado por los cauces legales por los que tiene que pasar, pues al ser prácticamente una modificación al PDU y como tal, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, en sus artículos 14, 15, 17, 92, 93 y 94, exige ciertos pasos, además de la revisión de parte del IMPLAN y la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano y una consulta pública que no se ha hecho, por lo cual es imposible avalar o denegar un proyecto conceptual.

“Exigimos que se sigan los cauces legales, además que se de un anteproyecto, una memoria técnica descriptiva, que se puntualice claramente cuántos metros tendrá el boulevard que proponen, cuánto nos van a alejar, hoy en día con lo caro que está la gasolina, a cada uno nos va a afectar en el bolsillo, un solo kilómetro nos va a costar a todos, creo que tenemos derecho a decidir si queremos asumir el costo o no, que será en beneficio de unos pocos y no de muchos, queremos que se respete la legalidad, estamos en contra de una donación, permuta, expropiación o figura jurídica que se pretenda utilizar, la carretera es pública, es nuestra, todos pagamos por ella, no la pueden quitar o regalar”, sostuvo.

Charlene Ramos, presidenta de AMMJE Los Cabos, insistió en que de autorizarse la privatización del trazo, sería un golpe a la economía de los cabeños, pues al hacer una desviación obligatoria hacia el nuevo tramo, alargarían la distancia que actualmente tiene el recorrido entre San José y San Lucas, lo que resultaría en mayor gasto de gasolina y el incremento del transporte público y privado (si es que este decide seguir dando el servicio porque no se garantizó así sea), además de la SCT no construir la única conexión entre la actual carretera y el nuevo trazo, implica una privatización de hecho.

“El proyecto no sólo aleja más el recorrido para llegar las playas, sino que no contempla caminos de acceso o estacionamiento, pues ellos confirmaron que no asumen la obligación de garantizar el acceso a las playas luego de que el proyecto les sea autorizado, lo que resulta muy grave, pues la experiencia nos ha demostrado que los particulares tienden a negar el acceso a las playas y las autoridades no tienen voluntad ni capacidad para exigir el cumplimiento de los proyectos que autorizan, ni menos el acceso a las playas”, aseveró.

El presidente Amigos de Cabo San Lucas, Carlos Tinoco, manifestó que como empresarios y ciudadanos están a favor de este tipo de inversiones, pero no a cambio de un despojo de una carretera que fue pagada por empresarios y la población y señaló, si bien es evidente que uno de los grupos promoventes han tenido la visión, también los fundamentos que ellos presentaron, están bien documentados.

“Tal es el caso que dentro de Puerto Los Cabos, hace años se privatizó una parte de la carretera federal a cambio de otro tramo carretero que se les dio a los habitantes de La Playa para que pudieran acceder y que inicia en Flora´s Farm, con el compromiso de Puerto Los Cabos de darle mantenimiento, cosa que nunca sucedió y al día de hoy es una carretera que los habitantes de Cabo del Este han estado peleando porque las autoridades no regulan las ambiciones de empresarios que no cumplen en tiempo y forma y que si bien llegan a ver por ser el destino que se vende en el extranjero, sólo lo hacen por el beneficio propio, pues para la comunidad no existe; con un proyecto como este debería garantizarse un beneficio a la comunidad, es un insulto a la inteligencia de todos nosotros, por eso la inconformidad a un proyecto de esta magnitud en las condiciones en que se presenta, si bienvenida la inversión pero no en perjuicio de los habitantes y empresarios de Los Cabos”, externó.

Para concluir, explicaron que los proyectos explosivos, desordenados y sin conciencia social que han ocurrido los 10 últimos años en Los Cabos, no pueden estarse peleando cada 6 años, por lo que es necesario definir legalmente cómo se va a transitar por esa carretera, así como que sea patrimonio de los cabeños.

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