• Los regidores fueron sus cómplices

Giovanny Carlos Díaz

La Paz, Baja California Sur.- A través de documentos filtrados por la Presidencia Municipal de La Paz, se dio a conocer que, mediante Sesión Privada, el Cabildo autorizó a Esthela Ponce Beltrán el cambio de la condición jurídica -de dominio público a privado- de casi 80 parques y áreas verdes, esto con el objetivo de pagar deudas con diversos proveedores que nunca fueron saneadas.

Cedió Esthela Ponce 78 áreas verdes

De acuerdo al Acta de la Trigésimo Octava Sesión Extraordinaria Privada de Cabildo, realizada el 14 de abril de 2014, la propuesta fue realizada por la ex alcaldesa, quien aseguró que la venta de esos terrenos serviría para cubrir el pago con instituciones como Fonacot la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informando en la sesión a puerta cerrada que había negociaciones avanzadas.

Una vez que este punto fue sometido a su análisis y discusión, regidores se manifestaron a favor y en contra de esta intención.

Javier González Rubio Cerecer, dijo que no estaba “ni a favor ni en contra”, pero recordó que con la enajenación del Cerro de la Calavera “todavía andamos en dimes y diretes”, proponiendo que, en lugar de enajenar 78 inmuebles -áreas verdes-, se enajenaran sólo 5 de “cantidades más considerables”. Sin embargo, el síndico municipal, Francisco Javier Moreno Soria, replicó que “los bienes son para remediar los males”, sin importarle la entrega de espacios públicos a proveedores, que por error u omisión del Ayuntamiento de La Paz, las deudas salieron de control.

Por su parte, José de la Toba Camacho, más temeroso en su decisión, alegó que cambiar el estatus jurídico de estos predios, de público a privado, podría provocar el embargo por acreedores diversos, pero apoyando la propuesta de Moreno Soria para la entrega de esos espacios públicos. Asimismo, en su intervención pidió que las áreas -recaudadoras- del Ayuntamiento de La Paz fueran más estrictas con el contribuyente.

La intención de este regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), era que, por citar un ejemplo, Policías Municipales de La Paz iniciaran un operativo -retén- para multar a los automovilistas que circularan con irregularidades, así como sancionar a los morosos, tanto en el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (SAPA) como en Catastro.

Según Esthela Ponce, “la revisión de las zonas donde se encuentran estos predios no requería de equipamiento porque ya existe; que la mayoría de estos terrenos no estaban a nombre del Ayuntamiento y se hicieron esfuerzos para actualizar el inventario patrimonial del municipio”, esto con el respaldo de otro regidor del PRI -Ricardo Fiol Higuera- que alegó que la alcaldesa hacía lo mejor por La Paz al tratar de entregar bienes públicos como pago a proveedores.

Sin embargo, aunque los regidores estaban de acuerdo con la edil, Luis Fernando Barajas Gámez, dijo que la selección de los 78 terrenos se hizo de manera irregular, ya que nunca se informó el criterio con el que fueron elegidos, además de que Ponce Beltrán no tomó en cuenta al Cabildo para la realización de dicha propuesta, interviniendo el regidor del PRI, Fausto Álvarez Gámez, pidiendo secrecia, en este tema, para no levantar expectativas.

Los únicos regidores que no votaron a favor la imposición de Esthela Ponce Beltrán y Moreno Soria fueron Barajas Gámez, González Rubio Cerecer y Francisco Rubio Salgado, mientras el resto pasaron a ser los responsables del mal uso que ha dado el Ayuntamiento de La Paz a los espacios públicos, los cuales, principalmente, estaban destinados para parques, esto derivado de algunas donaciones que han realizado los desarrolladores de vivienda.

Las áreas desafectadas -enajenadas- jamás sirvieron para que el XIV Ayuntamiento de La Paz pagara deudas que garantizaran la estabilidad laboral, sino principalmente para pagar deudas con proveedores afines al proyecto político de Esthela Ponce Beltrán.

Los casos más mediáticos que dejaron en evidencia las irregularidades de la edil, fue cuando se dio a conocer que Francisco “Nacho” Monroy Sánchez, ahora alcalde suplente de La Paz, cobró sus deudas con parques en Villas del Encanto, mientras que el empresario Félix Díaz Álvarez fue señalado por sus vecinos -de Fidepaz- de pretender cerrar un parque ya que el Ayuntamiento se lo había entregado a cambio de finiquitar una deuda de combustible.

Los terrenos que el Ayuntamiento de La Paz ha utilizado para pagar sus deudas se encuentran en diversas colonias, además de 14 terrenos camino a Los Planes, 13 más en El Pescadero, 5 en San Pedro, y 7 en el Ejido Elías Calles.

Hasta el momento se desconoce el valor de los inmuebles, así como cuántos han sido entregados para resolver la crisis económica de la administración municipal y a quiénes se les dio. Lo que es seguro es que la venta de estas áreas verdes no ha significado mejorías en el Ayuntamiento de La Paz, donde hasta el día de hoy, el Sindicato de Burócratas decretó “ingobernabilidad financiera”.

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