Rodrigo rebolledo Ramírez

La Paz, Baja California Sur.- Luego de cuatro años de disfrute en el curul los diputados de la XIII legislatura en Baja California Sur falló en generar leyes que velen por el respeto a los derechos humanos de las mujeres, ya que sus disposiciones están incompletas, y aún no cuentan con una ley específica en materia de trata de personas.

Baja California Sur sin una Ley contra la trata de personas

Así lo expone un análisis del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de la Cámara de Diputados del poder legislativo federal.

El organismo presentó recientemente un primer reporte sobre el seguimiento a la armonización legislativa en las entidades, de las leyes en materia de igualdad, violencia y discriminación contra las mujeres, observando algunas deficiencias, pese a ser mandatos constitucionales.

El estudio toma como base la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, revisándose su cumplimiento en la legislación estatal y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

El ejecutivo no está obligado a informar sobre avances en equidad de género.

De acuerdo con los instrumentos citados el ejecutivo está obligado a presentar un presupuesto con perspectiva de género e informar a la ciudadanía de su ejecución.

De acuerdo con las disposiciones federales los informes anuales del ejecutivo deberían incluir el estado que guarda la ejecución del programa para lograr la igualdad de las mujeres en el estado.

Esta disposición fue aterrizada en las leyes de la mayoría de los estados, pero no en Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Sonora Tamaulipas, Aguascalientes, y Tlaxcala.

Lugo de cuatro años y medio de trabajo legislativo el congreso local resultó indolente en la creación de legislación en materia de derechos humanos, uno de los ejemplos de ello es la imposibilidad de legislar en relación a la libertad de las mujeres para decidir sobre su embarazo, otro ejemplo es que Baja California Sur, a pesar de ser un polo turístico y de evidencia de la operación de actividades criminales relacionadas con la trata de personas carece de una ley en la materia.

De acuerdo con el estudio el legislativo de Baja California Sur – junto con Chihuahua y Campeche– han rezagado la armonización en materia de leyes para garantizar los derechos de las víctimas al carecer de una ley específica en la materia. Esto a pesar de que las autoridades federales y estatales han reconocido ante los medios de comunicación que se dan eventos de trata de personas en Los Cabos y omisiones a los derechos humanos de trabajadores agrícolas en toda la entidad.

Este viernes, El Independiente publicó en exclusiva una entrevista con el delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Juan Malagamba Zentella, admitió que existes situaciones vinculadas a la trata de personas en los ranchos agrícolas del estado.

“Son muchos los casos de denuncia que hay a nivel nacional porque efectivamente hay un problema de trata en diferentes estados del país, es un tema que ya se abordó en el caso particular de El Vizcaíno, a través de la intervención de la PGR. Este, es un tema que le vamos a dar prioridad y tenemos que garantizar que no se dé. Pero que no se dé, no solamente en Vizcaíno porque sea Vizcaíno el responsable, sino porque la forma en cómo se está llevando a nivel nacional no le está garantizando, en algunos de los casos, que se traten los compromisos que el enganchador hace con el trabajador y que al momento en que llegan, no se cumplen y precisamente en este engaño hablamos del delito de trata de personas” expresó en exclusiva para El Independiente.

A sí mismo la delegación de Federal para de la Procuraduría General de la República ha admitido a diversos medios de comunicación que realiza trabajaba en investigaciones para dar con posibles redes criminales dedicadas a la trata de personas en el sur de la entidad.

La última información que se ha dado a los medios fue sobre la existencia de hasta tres averiguaciones previas en torno al delito.

Al no contar con leyes en la materia que permitan perseguir por oficio al delito en la entidad, las agencias de investigación estales no están obligadas a perseguir y detener a los responsables de hacer detener y traficar con la vida de otros seres humanos.

A punto de pasar la batuta a la XIV legislatura los diputados han dejado de lado la oportunidad de legislar en la materia a pesar de que gozaron de cuatro años y medio de oportunidad para diseñar y armonizar la legislación estatal.

Ayer, al ser cuestionado respecto al rezago legislativo en la actual legislatura el diputado Salvador Verdugo Ojeda expresó que la legislatura dijo que los temas electorales rebasaron las capacidades de la actual legislatura que se “metió a trabajar todo lo relacionado con la Ley Estatal Electoral, norma que tenía plazos fatales que había que cumplir. Luego llegó el tiempo electoral y no quisimos empatar lo electoral con lo ambiental, y por ello no se hizo el proceso de consulta, que reiteró, lo tendrá que hacer la siguiente diputación seguramente”.

El diputado expresó que temas de importancia que se quedaron por legislar habrán de ser “tarea de la XIV Legislatura que entrará en funciones el mes de septiembre entrante”.

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