• Omar Zavala Agúndez dijo desconocer que el Ayuntamiento de La Paz hubiera licitado la concesión, pese a que esta fue solicitada al Gobierno del Estado para su publicación en el Boletín Oficial del Estado • La diputada Edith Aguilar, por irregularidades detectadas pidió cancelar la concesión del alumbrado público “para evitar conductas que pudieran constituir responsabilidades penales o administrativas”

Giovanny Carlos Díaz/ Benedicto Hernández Zepeda

La Paz, Baja California Sur.- La concesión del alumbrado público que pretender entregar el Ayuntamiento de La Paz a una empresa foránea, fue la causa de que los legisladores de Baja California Sur se sumergieran en una discusión estéril por casi 3 horas. Mientras que unos pedían que los integrantes de la administración municipal comparecieran sobre las irregularidades que existieron en el Cabildo para aprobar dicha concesión por 15 años, el Gobierno del Estado impidió la publicación de dicho acuerdo en el Boletín Oficial del Estado, lo que impide dicha concesión por el momento.

Se calentaron los ánimos en el Congreso local con el tema del alumbrado público

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Salcido Cota, fue la encargada de solicitar a quién corresponda transparentar la concesión del alumbrado público de La Paz, misma que ahora pertenece a Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente, S.A. de C.V. (GIRRSA), empresa nayarita que hasta hoy sólo se ha dedicado a la recolección de basura, y que no ha hecho público su proyecto de trabajo.

Esta decisión, plasmada en una iniciativa por parte de la panista, desató una serie de señalamiento entre los diputados, quienes dejaron en evidencia que desconocen el tema.

Omar Zavala Agúndez, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió “el dictamen de la comisión correspondiente” al interior del Congreso del Estado para hablar sobre el supuesto procedimiento del XIV Ayuntamiento de La Paz, con el cual concesionó el alumbrado público, ya que para este diputado no queda claro qué disposiciones legales violó la administración municipal, olvidando, quizás, que la prestación de los servicios públicos es responsabilidad de los ayuntamientos y estos no pueden ser concesionados o privatizados.

“Que me dé los artículos que son violatorios de las garantías que está llevando a cabo el Ayuntamiento de La Paz […] y saber de dónde sacó la información que la concesión se está llevando a cabo una violación grave a la ley”, dijo en la tribuna legislativa.

Asimismo, Zavala Agúndez negó que el Ayuntamiento de La Paz haya concesionado el alumbrado público, a tal grado que pidió pruebas para ello pese al documento presentado por el Cabildo al Gobierno del Estado para la publicación de dicho acuerdo en el Diario Oficial del Estado, petición que fue negada por inconsistencias técnicas y jurídicas.

Con fecha del 18 de mayo de 2015, el Ayuntamiento de La Paz convocó a la licitación pública LPM:000SPAX01/15 para el otorgamiento de concesión para la prestación, explotación, administración y conservación del servicio público municipal del alumbrado, documento que desconoce el legislador, apuntado que “parece que hay otros intereses en este asunto”.

La solicitud de la panista para que comparezcan los involucrados en el tema fue sometida a votación, misma que fue rechazada por 10 diputados, quienes alegan que no es un tema del Congreso, dejando de lado la posibilidad de realizar un encuentro con el presidente municipal de La Paz, Síndico y los regidores correspondientes en el tema.

“A fin de evitar conductas que en lo futuro puedan constituirse en responsabilidades penales o administrativas”, el Congreso del Estado pidió a las autoridades del XIV Ayuntamiento de La Paz, suspender de inmediato el procedimiento administrativo de la denominada concesión del alumbrado público de la ciudad de La Paz.

Lo anterior quedó establecido en el pronunciamiento hecho por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Diputada Edith Aguilar Villavicencio, quien destacó en el documento que en los artículos 58 y 59 del Bando de Policía y Buen Gobierno de La Paz, se establece la prohibición de otorgar concesión a particulares, respecto de los servicios públicos de seguridad y vigilancia pública, alumbrado público y tránsito de vehículos”.

Agrega la legisladora que no obstante que las autoridades del Ayuntamiento de La Paz, deben saber que no se encuentran facultados para continuar con este procedimiento, continúan adelante en su propósito violentando varias normas secundarias y la propia Constitución en sus ámbitos federal y estatal.

Destaca la legisladora el proceso de concesión del servicio de alumbrado público, que el Ayuntamiento de La Paz ha entregado a una empresa privada, no conoce la sociedad ninguno de sus detalles, “lo que es muy grave para el interés de los ciudadanos paceños”.

La diputada Aguilar Villavicencio destaca en el pronunciamiento que, el signo de los tiempos modernos en México y en Baja California Sur, es la transparencia y la rendición de cuentas a los ciudadanos, “la transparencia es una exigencia social que los gobiernos, en sus tres niveles por ley se encuentran obligados a cumplir y en el caso de ésta concesión, el Ayuntamiento de La Paz nos ha quedado a deber información y ha hecho todo el procedimiento a espaldas de los ciudadanos”.

Consideró la legisladora que no es moral ni políticamente correcto, que quien asuma el nuevo gobierno en La Paz dentro de 100 días, se encuentre con este complejo problema que ha hecho que en estos días la sociedad civil de la capital del estado alce la voz para defender sus derechos. Una sociedad que levanta la voz en contra de la opacidad, de la falta de ética política de un gobierno que está por irse, es un hecho inmoral que no debe permitirse”.

Aguilar Villavicencio señaló que como representante popular, es respetuosa de la autonomía municipal, pero advirtió que siempre que exista el quebranto a la norma, que se registren actos públicos “en lo obscurito”, que vayan contra el interés general, habremos de alzar la voz en nombre de la sociedad, para expresar que de ninguna manera estamos de acuerdo “y en esta circunstancia hoy lo hacemos porque las condiciones así lo exigen”.

Finalmente, Juan Domingo Carballo Ruiz, presidente de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos, dijo que este tema corresponde al Cabildo, y deben ser ellos quienes asuman las consecuencias de sus actos, precisando que los diputados no tienen que ver en el tema, y que por tratar de resolver situaciones que no le corresponden se ha generado un desprestigio.

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