Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, confía en que los 206 mil servidores públicos habrán de reflexionar en torno a divulgar o no sus declaraciones de conflictos de interés. A partir de este viernes la
Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, confía en que los 206 mil servidores públicos habrán de reflexionar en torno a divulgar o no sus declaraciones de conflictos de interés.
A partir de este viernes la burocracia federal deberá reportar, junto con su declaración patrimonial anual, sus posibles conflictos de interés.
“Desde luego, va a traer reflexiones en servidores públicos respecto de la manera como combinan su actividad pública y la actividad privada. Si bien es legítima en algunos casos, seguramente podrían presentarse situaciones en donde el servidor público hará la reflexión, para hacer una mejor ponderación entre lo público y lo privado. Cada servidor público debe reflexionar sobre la información que se debe conocer”, expone Andrade en entrevista con EL UNIVERSAL.
Explica que los trabajadores del sector público deberán explicar quién fue el último vendedor de los inmuebles que posea.
Añade que también deberán decir a qué instituciones de carácter privado (empresas o filantrópicas) pertenecen como directivos o dueños y desde cuándo, así como el giro, y si han celebrado algún contrato que implique un beneficio económico o lucro e igualmente con quién lo han hecho.
Esto último también deberán declararlo respecto de su cónyuge o de sus hijos, indica Andrade.
Precisa que existe un punto de partida dado por el presidente Enrique Peña Nieto el 3 de febrero pasado para la Función Pública: abrir una serie de acciones denominadas ejecutivas para prevenir actos de corrupción y conflicto de interés de 206 mil funcionarios de 350 instituciones.
Sobre la investigación que se sigue en el caso del ex director de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, asegura que será en los próximos días cuando se conozca la resolución final, y de la casa blanca, aún se ahonda en la relación de funcionarios públicos con empresas privadas.