Sobre la auditoria que “por encimita” se realizó a la administración municipal y de la que no se han emitido sanciones a pesar de que servidores violentaron leyes y reglamentos, así como la comparecencia de varios f
Pamela Padilla Soto
San José del Cabo, Baja California Sur.- Los regidores Cristina Medina, Julio César Castro Pérez, Pablo Díaz Rivera y Mario Fernández, ventilaron ante medios de comunicación varios temas que solicitarán sean analizados en una sesión extraordinaria de cabildo, aclararon previo a iniciar la exposición de los mismos, como miembros del cuerpo edilicio sin ningún fin de tipo partidista, sino estrictamente a lo que les corresponde como representantes populares.
Fue de inicio que el regidor Julio César Castro Pérez, destacó sobre el tema de la auditoria que se realizó a la administración municipal de los años 2011 al 2013 por el contador público Gerardo Lozano, de la empresa Bajar Galindo Lozano y Compañía, un oficio en el que le comunica al alcalde que se utilizaron fondos federales para gasto corriente, concretamente para pago de nómina y se hizo evidente la aplicación de un excedente de 224 millones de pesos sin previa autorización de Cabildo.
“En este tema no se puede justificar el que pudiera decirse que no había recursos, pues evidentemente había un excedente de 224 millones de pesos, de donde pudieron tomar recursos para el pago de nómina, sabemos que es una práctica común de los gobiernos, sin embargo, eso no deja de ser violatorio de la norma, lo que seguramente traerá repercusiones en los programas federales, donde existen sanciones correspondientes; también sería importante saber si se reintegraron estos fondos federales y los impuestos que hayan generado la utilización de estos recursos”, puntualizó.
Aunado a lo anterior, subrayó el hecho de que el auditor refirió 14 artículos, entre leyes y reglamentos, que se violentaron por servidores públicos del ayuntamiento de Los Cabos BCS:
1.- El 4, 20, 21, 24, 28, 34 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
2.- El artículo 4 de la Normatividad, Contenido y Control de la Cuenta Pública del Estado,
3.- El artículo 34 de la Ley Federal de Contabilidad Gubernamental,
4.- El 48, 51 y 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
5.- El 34 fracción quinta del Reglamento de la Administración Pública de Los Cabos BCS, 6.- Infringieron reglas para el otorgamiento de subsidios para los municipios y en su caso a los estados cuando tengan a cargo la función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como el gobierno del DF para las demarcaciones territoriales cláusula 3ra fracción 2da artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal,
7.- El 33 de la Ley de Coordinación Fiscal,
8.- Artículos 21, 22, 34, 44, 48, 51, 56, 64, 66, 78 y 90 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados,
9.- Artículos 66, 98 y 128 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas,
10.- El 117 y119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas,
11.- En materia de Obra Pública no se cumplió con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en cuanto a contratos de Obra Publica, pues se fundamenta en una ley abrogada desde el año 2006,
12.- El 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en base al acuerdo 1 emitido por el Consejo Nacional de Administración Contable,
13.- El 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y,
14.- El artículo 17 de la Ley del ISSSTE.
“Por todos estos artículos leyes y reglamentos que el auditor dijo se infringieron, nosotros como regidores vamos a proponer un punto de acuerdo la próxima sesión extraordinaria, donde se solicite al presidente municipal instruya a la Contraloría municipal a efecto que se haga un deslinde de responsabilidades y sanciones a servidores públicos que evidentemente, como resultado de la auditoria, infringieron la normatividad”, sostuvo.
Al respecto del gasto de los 224 millones de pesos, el regidor Pablo Díaz Rivera entregó una tabla en donde se especifica en qué rubros se los gastaron, entre los cuales destacó el gasto de 14 millones 627 mil 310 pesos, “del cual no he podido yo ni como regidor, ni a través del portal de Transparencia, siendo que presido esta comisión, buscando solicitar la información de una forma anónima, hacerme de información que siquiera pueda darme luz en cuanto a cuántas asesorías fueron, a qué iban enfocadas, cuáles fueron sus resultados y qué estaban buscando mejorar”.
Dijo lo único que he logrado recabar sobre el tema, es que en diciembre del 2012 se gastaron 18 millones 307 mil 755 pesos en asesorías, sobre las que igualmente se desconocen los contratos, el objetivo, los asesores y los resultados, así como el por qué no se buscó un sistema de financiamiento de pagos y en un mes se les pagó tanto.
“Sobre todo en el mes de diciembre cuando el ayuntamiento busca cobrar licencias de construcción y demás trámites por la falta de flujo para el pago de aguinaldos y demás gastos corrientes y que haya dinero disponible para pagar 18 millones de pesos a una asesoría que ni siquiera sabemos para qué fue, creo que ese es un punto alarmante y que vale la pena que lo llevemos a esta sesión extraordinaria de cabildo que vamos a promover para que se aclaré y ojala que todo esté perfectamente justificado”, sentenció.
Mario Fernández coincidió con sus compañeros ediles, en el sentido de que es necesario aclarar varios puntos que tienen meses e incluso años solicitando tener una respuesta, como el hecho de que para el G20 se gastó un recurso de 28 millones 044 mil pesos en la compra de 10 pick up doble cabina, 5 automóviles patrulla, 2 vehículos para traslado de personal y 7 motocicletas.
“Esto quiere decir que por vehículo es un millón 168 mil 500 pesos, tendríamos patrullas Mercedes Benz o algo así, por lo que sería bueno que esas facturas se entregaran para ver si efectivamente corresponden a esos 28 millones de pesos; qquí no se está buscando más que las cosas se presenten para que con claridad veamos en qué se gastó cada centavo que le corresponde a la ciudadanía saberlo”, manifestó.
Otro de los puntos abordados por los ediles cabeños y del que aseguraron se ha insistido contar con información detallada, en particular el regidor Díaz Rivera quien ha emitido 13 oficios y múltiples solicitudes por medio del portal de Transparencia, fue el de los gastos realizados antes y después del impacto de Odile.
“Seguimos prácticamente en el mismo estado de ignorancia sobre el soporte de las cuentas que suman los casi 60 millones de pesos gastados sin la aprobación del Cabildo, como presidente de la Comisión Edilicia de Transparencia estoy muy preocupado por la falta de la misma, entrando en detalle, la información presentada por alcalde, nos da información que difícilmente podemos comprender sin el soporte que estamos solicitando, quiero hacer mención de algunos ejemplos, se gastaron 11 millones de pesos en gasolina en los 35 días posteriores del huracán, considerando el desabasto que había en ese momento y además el parque vehicular que tenemos dado de alta en la administración de 908 vehículos al precio de litro de gasolina de ese momento, significa que al día tenían que ponerle a cada automóvil 25.35 litros de gasolina, un tanque lleno al día. no se la logística y es parte de lo que estoy solicitando, como y a quién, porque no se dio todo a vehículos oficiales, se apoyo a gente, pero es muy importante que se soporte para que la gente sepa en que se gastó su dinero porque 11 millones de pesos no es poca cosa”, advirtió.
Otro punto fue que a las cuentas no se les anexó un soporte firmando por el director de departamento y reveló en Obras Públicas por concepto de pintura, yeso, mano de obra para la rehabilitación de 15 centros de desarrollo, se gastaron por igual 147 mil 167 pesos con 94 centavos, sin dar una justificación como explicación lógica con un soporte fotográfico, contratos o presupuestos.
Igualmente expuso que en por alguna situación que alguien decidió que fue rehabilitar vialidades en San José del Cabo y Cabo San Lucas BCS, se redondearan las cantidades por un monto exacto de dos millones y medio para cada zona, dejando perdidos miles de pesos.
Asimismo se pedirá la justificación de por qué de entre diferentes despensas con muchos menores precios en el mercado, para apoyar en la contingencia, se distribuyeron las que tenían un costo de 285 pesos, así como colchonetas y colchones de 6 mil pesos cada uno.
“Lo que queremos que presente el ejecutivo es la justificación a los números que nos mandó para que se pueda hacer un voto educado y sobre todo a conocimiento de la opinión pública, sabemos de la gravedad de la catástrofe que trajo el huracán Odile pero eso no exime a esta administración de presentar los soportes a las acciones realizadas como apoyo a nuestra comunidad cuando más lo necesitó, por eso vamos a presentar un punto de acuerdo en el que buscamos comparecencia funcionarios que presentaron dichas cuentas que son el director general de Obras Públicas, Ismael Rodríguez Piña; el director general de Servicios Públicos Municipales, Gustavo Castro; director Seguridad Pública, Guillermo Marrón Rosas; director de Desarrollo Social, Leandro Santiago Sánchez; el delegado de Cabo San Lucas, Martín Salinas y el oficial mayor, Edilberto Graciano, para que ante la soberanía del Cabildo el soporte de los conceptos y cantidades presentadas en dicho informe”, aseveró.
La misma petición de presentar el desglose de facturas y el registro por concepto de obra civil y los precios unitarios de cada una, la compra millonaria de bienes que conforman parte del patrimonio municipal como fueron herramientas, de productos que se hayan repartido entre la comunidad, así como una bitácora de suministro del combustible junto al listado de beneficiarios.
En este sentido, el regidor Castro declaró, “es de llamar la atención, primero, que cuando se presenta se hizo como un ajuste al presupuesto, cuando se retira el punto de acuerdo por un servidor, se presenta en otra sesión como un reconocimiento de gastos producto del impacto de Odile y al preguntar porqué cambia de una sesión a otra, la única explicación que encuentro es que un ajuste de presupuesto necesita una mayoría calificada y un reconocimiento de gasto; todo este recurso es deuda, es decir, no se ha pagado, cuando el único facultado para endeudar al ayuntamiento es el cabildo no es el área ejecutiva”.
Aclaró que lo que se aprobó fue un informe de los gastos de Odile en BCS y a la fecha sigue pendiente la aprobación del uso de los recursos, por lo cual se solicitará la comparecencia de los funcionarios antes nombrados, para que se aclare bien en qué se gastó, “lo que pretendemos es que se transparente la forma de cómo se ejercieron estos recursos para efecto de poder emitir un voto razonado”.
Al respecto, la regidora Medina concluyó, “no significa que estemos con la espada desenvainada o busquemos la confrontación, en la medida en que los temas se exhiban se discutan, analicen y se expliquen, nos generará mayor certidumbre al momento de emitir nuestros votos, pero sobre todo al momento de explicarle a quienes representamos lo que está ocurriendo, las dudas se han generado y han ido creciendo como una bola de nieve, por eso convocaremos a la sesión extraordinaria, a oídos de todos los temas que son públicos se ventilen como debe de ser”.
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